Recordemos que en los últimos meses el presidente López Obrador ha conducido una campaña de hostilidad inexplicable contra el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden. Como ejemplos tenemos: La visita oficial de AMLO a Donald Trump en plena campaña electoral en 2020, además de no establecer comunicación con Joe Biden – el candidato demócrata en ese momento. Luego, AMLO tardó prácticamente dos meses en felicitar a Biden por su victoria sobre Trump y México a nivel del gobierno federal mantuvo silencio total al respecto.
López Obrador, dos meses después ofreció, sin ninguna solicitud previa, asilo político a Julian Assange, fundador del sitio web WikiLeaks en un acto muy negativo contra el presidente Biden, porque Assange está clasificado como enemigo público numero uno en el sistema jurídico de los Estados Unidos. Otro desacierto del gobierno de López Obrador contra E.U.A. fue la cancelación de todos los contratos relacionados con la generación de energía renovable con empresas norteamericanas, la desestimación categórica de las acusaciones de la DEA contra el general Salvador Cienfuegos sin iniciar investigación alguna. Además, tenemos los cambios a la Ley de Seguridad Nacional que limitan de manera drástica el intercambio de información sobre el crimen organizado.
En este contexto, AMLO enfatizó en una de sus mañaneras: “No necesito hablar con Biden.” Pero el colmo fue una carta diplomática entregada a la Embajada de los Estados Unidos en México el 8 de mayo de 2021 – por orden de López Obrador – luego de que se revelara que Estados Unidos presuntamente financia a la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” que es una ONG fundada por el empresario Claudio X. González. Según AMLO:” Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía. Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. Nuestra constitución lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, ¡ES TRAICIÓN A LA PATRIA! – Es promover el GOLPISMO!”
Pues, la reacción de Joe Biden no tardó mucho en llegar – en medio de una avalancha de demandas de arbitraje comercial internacional iniciados por empresas multinacionales, México fue obligado en un corto plazo a presentarse en una conferencia virtual el lunes 17 de mayo y el martes, 18 de mayo de 2021 con la representante comercial estadounidense, Katherine Tai y la ministra de Pequeños Negocios, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng. La reunión virtual inició en momentos en que el gobierno de E.U.A. insistió en revisar todos los compromisos laborales y ambientales del protocolo al T-MEC. Específicamente, las violaciones del protocolo laboral en la negociación colectiva hacia un sindicato independiente de General Motors en Silao, Guanajuato, además sobre decisiones ilegales en el contexto del decreto para reducir las importaciones de maíz transgénico.
También se dio a conocer que, ante la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos, tres empresas estadounidenses, Finley Resources, Inc., MWS Management, Inc. y Prize Permanent Holdings en conjunto con el Instituto Norteamericano del Petróleo han presentado demandas multimillonarias de arbitraje internacional ante el ICSID del Banco Mundial. También, La Comisión Federal de Electricidad ahora enfrenta una demanda de arbitraje internacional registrada por el Banco de Inversión Goldman Sachs en E.U. La CFE debe 400 millones de dólares al gigante financiero por una operación monetaria de gas natural en febrero de 2020. La respuesta de la CFE: “¡Goldman Sachs es deshonesto y al ICSID del Banco Mundial le falta sofisticación financiera!”
Con esta actitud frente a la multiplicidad de ataques, nuestro gobierno seguramente está provocando consecuencias que tendrá que asumir como sanciones económicas en un futuro cercano.
