fCompartir

Tweet

El 15 de octubre de 2020 fue arrestado en el aeropuerto internacional de Los Ángeles el ex secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, de 72 años, por cuatro cargos vinculados con narcotráfico y otro por lavado de dinero. Según el documento de aprehensión CR 19-366 emitido por la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York:

“Dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, el acusado Salvador Cienfuegos, también conocido como “El Padrino”, junto con otros, conspiraron consciente e intencionalmente para fabricar y distribuir una o más sustancias controladas, con la intención, el conocimiento y la existencia de motivos razonables para creer que tales sustancias entrarán ilícitamente en los Estados Unidos”.

Los cuatro cargos de conspiración internacional son por fabricación y distribución de heroína, metanfetamina; importación de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; y por lavar dinero proveniente de productos del narcotráfico. Según la imputación oficial, el general Cienfuegos recibió sobornos del Cártel del H2 liderado por Juan Francisco Patrón Sánchez, a cambio de apoyar a esta organización que contaba con células en territorio estadounidense en los estados de California, Carolina del Norte y Nueva York entre 2012 y 2018. Las supuestas evidencias contra el general se basan en la intercepción, mediante órdenes judiciales, de miles de mensajes enviados y recibidos por su teléfono celular Blackberry.

Como parte de la acusación se establece que las propiedades derivadas de cualquiera de esos delitos o utilizadas para su comisión van a ser incautadas por las autoridades estadounidenses. Adicionalmente, los Estados Unidos tendría la autoridad de decomisar cualquier propiedad que permita obtener un monto que cubra el daño causado por las supuestas actividades criminales del general. Potencialmente, esto pone en riesgo todo su patrimonio. Extrañamente, ese cálculo no se ha realizado, ni se ha dado a conocer que haya dinero público inmiscuido en las actividades de las que se le acusa.

En la acusación por lavado de dinero no se hace constar tampoco el monto de supuestas transferencias monetarias desde Estados Unidos a varios lugares y personas en México. Según Declaranet en México y las declaraciones patrimoniales que el general Cienfuegos presentó ante la Secretaría de la Función Pública en el año 2017 él es propietario de cuatro casas, tres vehículos, menaje de casa, una cuenta bancaria con un saldo de 13,865,443 pesos e ingresos anuales netos por 2,286,095 pesos.

El operativo del arresto del general en Los Ángeles fue efectuado a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y denominado “Operación Padrino”. Ha sido revelado en los últimos días que en la SEDENA hay un fuerte resentimiento a la DEA porque no se informó sobre las investigaciones realizadas. Obviamente, México tendría que estar pensando ya como nos vamos a comunicar con los americanos porque es obvio que las autoridades de Estados Unidos no confían en las instituciones mexicanas hasta las más altas esferas y no se informa sobre las investigaciones que se realizan.

Pero, nuestro presidente López Obrador justificó que las autoridades de Estados Unidos hayan detenido en su territorio al general Cienfuegos sin consultar al gobierno mexicano “porque Estados Unidos no tiene por qué preguntarle a México si detiene o no a una persona en su territorio”. Dijo él, el 19 de octubre: “Ellos tienen sus políticas, porque son un país, es un gobierno soberano, lo mismo que nosotros, es un país, México, independiente y soberano, entonces ellos no tienen por que preguntarnos lo que van a hacer cuando se tratara de detener a una persona en su territorio. No podemos interferir en un juicio que se lleve a cabo en Estados Unidos, hay un procedimiento de carácter legal que se tienen que seguir y aplica para el caso, no solo el gobierno de Estados Unidos, sino otro que quiera venir a tomar decisiones sobre lo que compete a los mexicanos”.

AMLO señaló que “el caso que enfrenta el general Cienfuegos en Estados Unidos es parecido al que tiene Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, también por presuntos nexos con el narcotráfico debido a que también en este caso, el gobierno de Estados Unidos es quien lo acusa. La procuraduría, además de posibles delitos y presentación de pruebas argumenta que se trata de un presunto delincuente de alto riesgo y de otorgarse libertad bajo fianza – podría escapar.” López Obrador reiteró que él será el vocero del caso del extitular de la SEDENA por “su delicadeza”. “Este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser el vocero para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información”.

Evidentemente, él no está enterado de la libertad de expresión y la presunción de inocencia en nuestro país y tampoco tiene conocimientos de la Convención de Viena sobre el Derecho Consular del año 1965 que lo obliga a él a representar y defender los derechos de un ciudadano como el general Cienfuegos. Pero ante toda esta situación, debemos preguntarnos ¿Cómo afectará la detención del general Cienfuegos la relación entre México y Estados Unidos? ¿Cuál es el mensaje que está dando Estados Unidos a México? Pareciera que el vecino país del norte pone en entredicho la honorabilidad del ejército mexicano porque demuestra la alta penetración del crimen organizado en distintos órdenes de gobierno, pero también la confianza en el presidente.

Se aproxima el deterioro de una época de cooperación mutua de 30 años entre diversas instituciones de ambos países en combate al crimen organizado. Parece que el ejército era la última institución confiable de seguridad en México y ante este escenario quizá sea el momento ideal para repensar cuál debería ser el verdadero papel del ejército en nuestro país, puesto que el actual gobierno piensa que el papel del ejército es administrar aduanas, construir aeropuertos, entre otras tareas asignadas por el presidente. ¿Será esta la gran oportunidad para que la guardia nacional asuma su papel en las calles y regresen los militares a sus cuarteles?