Con un voto de 5 – 4 el lunes 24 de febrero de 2020, la Suprema Corte de los Estados Unidos, dominada por ministros ultra-conservadores, permitió a Donald Trump negar la residencia legal a inmigrantes legales de bajos ingresos que usan o se considera que dependen de programas de asistencia pública. La decisión anuló múltiples tribunales inferiores que habían bloqueado la implementación de la ley de “Carga Pública”, que esencialmente es una prueba de riqueza. La ley establece nuevos criterios para las autoridades federales al evaluar a los inmigrantes que residen en territorio de E.U.A. o desean convertirse en residentes legales permanentes. Los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, utilizando la minería de datos, analizarán la edad, la salud, la educación, los activos y los ingresos para identificar a aquellos que probablemente dependan o sigan dependiendo de beneficios del gobierno como asistencia pública (public welfare), para la nutrición (food stamps), la vivienda (rent subsidies), o la atención médica (public health clinics). Usando esa ley, los funcionarios pueden invalidar la tarjeta verde (green card) de un inmigrante y ordenar que el inmigrante sea deportado del país. Las órdenes de expulsión no pueden ser apeladas.
Una persona puede ser considerada una carga pública si ha utilizado uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses y en conjunto dentro de un período de 36 meses. Según la ley, recibir dos beneficios en un mes cuenta como dos meses de consumo de recursos públicos. Además, a partir del 24 de febrero, una familia de cuatro personas tendría que ganar 60,000 dólares al año para no ser expulsada, en comparación con el límite anterior de 32,000 dólares. Según el subsecretario interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de E.U.A., Ken Cuccinelli: “La autosuficiencia y la autodependencia son valores estadounidenses clave y no deben ser descartados, sino deben ser alentados.”
Los que corren los mayores riesgos de ser declarados “carga pública” son individuos que tratan de ajustar su estatus a través de un cónyuge o petición familiar, los recién llegados que no tienen una vía a la residencia permanente y los que están bajo el Estatus de Protección Temporal – en otras palabras: ¡Refugiados!
Si el gobierno de Trump determina que un inmigrante legal un día puede necesitar asistencia del gobierno para sobrevivir, el inmigrante va a ser sometido a un proceso de deportación inmediata. No verse sometido a un proceso de deportación dependerá únicamente de si el funcionario del USCIS decide otorgar una fianza discrecional. El monto mínimo de la fianza es 8,100 dólares en efectivo, más un cargo de solicitud de 25 dólares. Si el inmigrante solicita la fianza y al final no lo aceptan, pierde el dinero. La fianza es completamente discrecional y no hay garantía de que se devuelva. Toda la norma de esa nueva ley es discriminatoria y la mayoría de la gente no tiene dinero para someterse al proceso de fianza. En lo fundamental, la norma de carga pública es una agresión a las familias inmigrantes de bajos ingresos y un intento de cambiar fundamentalmente el sistema de inmigración y creará enorme temor, algo que ya se está observando, entre inmigrantes que se preocupan por recibir apoyo crítico como servicios médicos y asistencia de nutrición. Se espera que la nueva norma tenga un efecto atemorizador sobre más de tres millones de afectados (en su mayoría mexicanos). Esa Ley de Carga Pública refleja el último intento de Donald Trump de construir un muro invisible que bloquee los derechos preexistentes para los inmigrantes legales. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto para México? Pues esta situación podemos analizarla desde diversos puntos de vista. Primero; muchas familias mexicanas que han perdido el acceso a los servicios públicos de salud particularmente para combatir el cáncer están evaluando pedir refugio a Estados Unidos para que sean tratados médicamente allá, pero con los cambios mencionados anteriormente sus posibilidades se reducen o desaparecen. Segundo; la economía mexicana está estancada y al parecer no va a crecer al menos este año y esto conduce así mismo no solamente a no crear empleos sino también a la pérdida de ellos. Al no haber condiciones reales para mejorar las condiciones de vida de muchas familias mexicanas, éstas tendrán que buscarlas en Estados Unidos lo cual ocasionaría el retorno a la expulsión de mano de obra al país del norte, sin embargo, cada día que pasa se reducen las posibilidades reales para lograr el sueño americano creando un verdadero muro. Tercero; lo más seguro es que el gobierno de la 4T no haya visualizado la deportación de inmigrantes legales y las implicaciones de este nuevo fenómeno para nuestro país. Lejos de ofrecer grandes oportunidades para los connacionales, México les ofrecerá un presente y futuro poco promisorio.
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Dr. Juan Carlos Botello Dr. Werner G.C. Voigt |
