El miércoles, 26 de junio de 2019, el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, Manuel Bartlett Díaz y el presidente Andrés Manuel López Obrador informaron al mundo de su intención de exigir un proceso de arbitraje comercial internacional y la devolución de 900 millones de dólares de la construcción del gasoducto “Marino Sur” entre Brownsville, Texas y Tuxpan, Veracruz. Un consorcio de compañías canadienses, IEnova, TC Energy y TransCanada ya terminó el proyecto de 2.5 mil millones de dólares el año pasado. Sin embargo, nuestro gobierno tiene la opinión de que algunas cláusulas del contrato de construcción – negociado durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto – son “leoninas” y “favorecen” al consorcio canadiense. La solicitud de arbitraje exige la anulación de diversas cláusulas del contrato. La respuesta del gobierno de Canadá – a través de su embajador, Pierre Alarie – fue inmediata, clasificando la posición del gobierno de México como preocupante e inaceptable porqué las cláusulas referidas se enfocan en la responsabilidad de ambas partes en eventos de caso fortuito y fuerza mayor, así como el pago por capacidad del flujo de gas a dichos eventos que la CFE en el proceso de negociación del contrato reconoció como aceptable, pero ahora, extrañamente, los considera indebidos. La clausula de Fuerza Mayor establece que si el contratista se ve imposibilitado, pese a sus esfuerzos, a recibir alguna autorización gubernamental para cumplir con sus obligaciones contractuales, la CFE debe pagar una suma igual al cargo fijo por capacidad – una condición aceptada internacionalmente en este tipo de contratos. En este caso - por razones que el director Bartlett de la CFE no quiere explicar – la CFE no ha permitido al consorcio canadiense conectar su gasoducto, ya terminado, a la red de distribución en Tuxpan. Bartlett ha explicado que en 2018 la CFE pagó 5 000 millones de pesos y este año pagará 16 000 millones de pesos por este concepto. No permitir la conexión claramente obliga a la CFE a compensar a los canadienses por la falta de entrega de gas ocasionada por la misma CFE. En un proceso de arbitraje internacional México no tiene ninguna oportunidad de obtener la cancelación de la clausula de Fuerza Mayor ni de la clausula de Contrato Entero que exige el cumplimiento de México con todas sus obligaciones asumidas por parte de nuestra paraestatal, la CFE, porque la doctrina de imputabilidad obliga al estado a cumplir con las obligaciones asumidas por funcionarios públicos. No es una defensa valida argumentar que el contrato fue negociado durante el sexenio pasado – la CFE debe permitir la conexión del gasoducto o pagar la reparación del daño a los canadienses. Manuel Bartlett, como abogado – el obtuvo su licenciatura en la UNAM en 1957 y estudió derecho público en las Universidades de París y Estrasburgo en 1959 y 1964 respectivamente y, además fue profesor de derecho en la UNAM – Bartlett debe estar consciente de la irracionalidad de exigir la anulación de partes inconvenientes de un contrato ya celebrado y cumplido por el contratante excepto por el rechazo de la CFE de permitir su puesta en operación./p>
Pues, el martes, 2 de julio ante una ola de indignación entre los inversionistas internacionales, Bartlett negó haber iniciado un procedimiento de solicitud de arbitraje y acusó a los canadienses con el inicio de arbitraje: ¡Una Mentira! Pocas horas después, Bartlett y AMLO anunciaron una “Tregua” con Canadá. Es misterioso el uso de la palabra “Tregua”, porqué esta es: ¡Un concepto utilizado en los Tratados de La Haya y Ginebra en la conducta de guerras internacionales! Más misterioso aún es el pronunciamiento de AMLO el miércoles, 3 de julio en el sentido de que México va a instituir un proceso jurídico si los esfuerzos de conciliación no prosperaran. ¡Una imposibilidad porque estamos limitados al arbitraje internacional en la cláusula jurisdiccional del contrato! Nos parece que estos dos señores deben buscar mejores asesores jurídicos…porque, a decir verdad, ¿nos conviene tener una disputa comercial con Canadá? Esto puede ser el inicio de una serie de fatalidades económicas para México pues resulta que ya no vemos a Canadá como un aliado sino como un enemigo. La 4T piensa que todo el mundo es corrupto y deberá asumir las consecuencias de sus señalamientos. Por ejemplo, ¿Qué pasaría si Canadá decide no ratificar el T-MEC? ¿Qué pasaría si Canadá decide ya no invertir en México debido a que no hay un marco legal que proteja las inversiones de los extranjeros? Al parecer el gobierno de AMLO está comprometido solamente en destruir al país pero no volver a construir.
Dr. Juan Carlos Botello
Profesor – Investigador
Escuela de Comercio Internacional
UPAEP
Dr. Werner G.C. Voigt
Profesor Emérito
