Esa es la pregunta que el mundo se hace esta semana luego que el gobierno de Donald Trump y el de Andrés Manuel López Obrador llegaron a un acuerdo migratorio. Los funcionarios del gobierno federal opinaron: “México ganó, evitó aranceles punitivos de 5% hasta 25% sobre todas las exportaciones de México al mercado de los Estados Unidos y Marcelo Ebrard desactivó a Trump”. Pero el resto del mundo tomó otra perspectiva del conflicto: “Donald Trump dobló al gobierno de AMLO, porqué lo obligó a hacer un intercambio que no se lo esperaba”. Dicho de otra manera, Ebrard tendría que haber negociado en primer término que la imposición de aranceles era ilegal bajo el marco del NAFTA y que México no estaría dispuesto a hacer un intercambio de la no imposición de aranceles por el tema de la inmigración, en segundo término y en su caso, lograr la reducción de dicha imposición. Sin embargo, Ebrard, jefe de la negociación por México consideró que nuestro gobierno llegó al mejor acuerdo posible dadas las condiciones apresuradas de la negociación: “Al final del día no podemos decir que ganamos todos los puntos que México planteó, porque eso no sería honesto decirlo; sí logramos cosas, sí logramos lo más importante: que no va a haber tarifas, no vamos a tener ni pérdida de empleos ni vamos a perder la posibilidad de ratificar el T-MEC”. Sus palabras fueron pronunciadas en un mitin masivo en Tijuana el sábado, 8 de junio de 2019, encabezado por el presidente y en el que participaron líderes políticos, empresariales y religiosos. Lo que no dijo en ese mitin, es que México se rindió ante un tweet, no dijo que México tendrá que hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos de construir un “muro” en la frontera sur, no dijo que México se convirtió en una extensión de la política migratoria de Estados Unidos, no dijo que ambos países usaron a los inmigrantes para evitar la imposición comercial a México.
Pero, para muchos otros, en cambio, hay poco qué celebrar del acuerdo – parte de esto todavía secreto – pues como Trump anunció pocos días después con una hoja firmada por un funcionario de la Casa Blanca y Alejandro Celorio Alcántara, el consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores que estuvo en la negociación, que en 45 días revisará el progreso de lo acordado y, de ser necesario, reconsiderará la amenaza arancelaria e imponer una exigencia al congreso de México de cambiar la ley sobre la condición de los refugiados en el sentido de convertir a México en un “tercer país seguro” obligado a recibir y albergar a todos los migrantes que han llegado al territorio de México y al territorio de los Estados Unidos. Ahora tenemos dos problemas. El primero es la interminable amenaza de la imposición de aranceles – aún con la ratificación del T-MEC -, y el otro es convertirse en el “tercer país seguro”. Debemos tomar en consideración la realidad que solo en este año – entre el 1 de enero y el 31 de mayo 675 000 centroamericanos transitaron por nuestro territorio en enormes caravanas. ¿Podemos absorber a un probable número de un millón cuatrocientos mil personas en solo este año? Desde la perspectiva de los autores: ¡Absolutamente no!
El concepto de “Tercer País Seguro” surge a raíz de la Convención sobre la Condición de los Refugiados que se ratifico en México en el año 2000 y en E.U.A. en 1958. El Concepto se resume en los siguiente: Cuando una persona abandona su país para solicitar el asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas condiciones. Según la Convención de Ginebra, hay unas condiciones mínimas que un tercer país seguro debe cumplir para poder tener esa categoría:
México debe garantizar que los solicitantes de asilo no van a ser retornados a su país de origen – el principio de no devolución.
México debe otorgar el derecho a la alimentación, vivienda, servicios médicos, empleo y educación – todo en forma gratuita.
Los centroamericanos tienen el derecho del libre movimiento en México en condiciones de absoluta seguridad personal y a la reunificación familiar.
Es obvio que no tenemos la capacidad para convertirnos en un tercer país seguro: No tenemos la infraestructura para seguir albergando y atendiendo a estos migrantes en condiciones de absoluta seguridad especialmente en el norte del país. Tampoco tenemos en este momento el marco legal que sustente el que puedan estar acá por tiempo indefinido. Además, si México fuera designado tercer país seguro, los agentes fronterizos estadounidenses podrían rechazar a aquellas personas que atravesaron el país para pedir asilo en E.U.A. regresándolas a nuestro país sin proceso jurídico alguno.
México también garantizó a los Estados Unidos el despliegue de 6 000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para garantizar el control migratorio. Sin embargo, aquí tenemos otro problema, ya que ninguno de esos 6000 efectivos tiene capacitación y entrenamiento para operar como guardia nacional porque todos o son militares, o son marinos, o pertenecen a la policía federal. Todos ellos cuentan con ciertos protocolos de actuación y que en algunos casos no son compatibles con los requerimientos de la guardia nacional como el respeto a los derechos humanos. En caso que se presente alguna violación masiva de derechos humanos habría una crisis humanitaria más aguda a la estamos enfrentando en estos momentos. Prácticamente estamos hablando de “Misión Imposible”, La frontera entre México y Guatemala es de casi mil kilómetros y si las tropas vigilan la frontera en tres turnos de 2 000 elementos por turno solo estarían disponibles dos soldados por cada kilometro de una frontera que tiene una impenetrable selva tropical. Sería lo más fácil del mundo para los polleros y coyotes continuar infiltrando a nuestro territorio cientos de miles de personas sin atraer la atención de nuestras tropas. Como dijo nuestra Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero esta semana: “Se nos disparó el número que pasó la frontera por nuestro país a más de 144 mil personas en mayo; esa es una cantidad que no sé donde pasaron o por dónde pasaron por nuestro país.” Esta declaración simplemente muestra que las instituciones mexicanas se han debilitado por la falta de presupuesto y por la falta de personal profesional en el ámbito de competencia. La “mal entendida y aplicada” austeridad republicana está costando muy cara a todos los mexicanos y con funcionarios de ese nivel de brillantez está garantizada la aplicación de más represalias por parte de Trump en el transcurso del próximo mes.
Dr. Juan Carlos Botello
Profesor – Investigador
Escuela de Comercio Internacional
UPAEP
Dr. Werner G.C. Voigt
External Consultant
