El domingo, 24 de marzo de 2019, Donald Trump aparentemente se salvó del delito de conspiración con Rusia, pero lejos de ser exonerado del crimen de obstrucción de justicia, él ahora enfrenta problemas legales mucho más serios en los estados de Nueva York, Virginia y en Washington, Distrito de Colombia. Tratando de desviar la atención de los medios, Trump ahora ha ordenado al Pentágono dedicar mil millones de dólares de su presupuesto a la construcción del muro entre México y los Estados Unidos. Cabe mencionar que hasta el momento ha sido revelado únicamente un resumen de cuatro páginas del reporte completo de más de 300 páginas del fiscal especial Robert Mueller entregado a William Barr, el fiscal general nombrado por Trump. El reporte revela lo siguiente:
Está comprobado que sí hubo una abierta intervención rusa en el proceso electoral estadounidense mediante una campaña de desinformación y del saqueo de miles de correos electrónicos de miembros del equipo de campaña de Hillary Clinton.
2. Según el resumen preparado por William Barr, no se pudo comprobar que Trump y su equipo hayan conspirado activamente con los rusos. Pero sí que varios miembros del equipo de campaña de Trump incurrieron en delitos relacionados con la elección.
3. Hasta ahora, 34 individuos y organizaciones han sido acusado penalmente por diversos delitos relacionados con la elección y muchos han sido sentenciados en tribunales federales de E.U.A.
4. Notablemente, el resumen de Barr ha llegado a la conclusión de que Trump no está culpable de obstrucción de justicia – aunque el reporte de Mueller afirma que existen elementos de evidencia de obstrucción por parte de Trump.
En cualquier caso, es evidente que las investigaciones sobre los turbios negocios de Trump aun no terminan. Continúan activamente investigaciones penales en las cortes estatales de Nueva York y en los tribunales federales del distrito sur de Nueva York y del distrito oeste de Virginia. Las más importantes se concentran en el Distrito Sur en Manhattan: La más sonada involucra el abogado personal de Trump, Michael Cohen. A la orden directa de Trump, Cohen orquestó los pagos por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y la modelo Playboy, Karen McDougal – convirtiendo a Trump en un delincuente por violar las leyes electorales de los Estados Unidos. La otra vía penal en Nueva York se refiere al comité creado para financiar la ceremonia de inauguración de su presidencia en 2017. Se recaudaron 107 millones de dólares gran parte de esta suma contribuidos por rusos para obtener favores directos de Trump. Además, hay diversas investigaciones penales relacionadas con evasión fiscal en las declaraciones de Trump de impuestos estatales y federales tanto como fraude bancario en la obtención de créditos (notablemente 16 mil millones de dólares del banco alemán Deutsche Bank) y en la obtención fraudulenta de cobertura de seguros para sus diversas inversiones en bienes raíces. Agregado a estos delitos, hay evidencia de lavado de dinero por parte de Trump en ayuda de oligarcas rusos durante décadas.
Ante este preocupante escenario, Trump está tratando de desviar la atención del mundo con el asunto de la construcción del muro: Patrick Shanahan – amigo de Trump y Secretario Interino del Departamento de Defensa – autorizó esta semana el desbloqueo de mil millones de dólares al comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a comenzar a proyectar y ejecutar la construcción de 94 kilómetros de fortificaciones con seis metros de alto y cinco metros de profundidad de sus cimientos.
Y la reacción del Presidente López Obrador ante esta situación fue la siguiente: ”No quiero meterme en otro tipo de asuntos. Respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos, no quiero polemizar sobre este tema. Pensamos que debemos de cuidar la relación con el gobierno estadounidense, que debe ser siempre una relación de amistad y de respeto mutuo. Ahí dejo el tema.”
Desde cierta perspectiva, su reacción ha sido la correcta: El Tratado de Guadalupe Hidalgo del año 1848, terminando la guerra entre México y los Estados Unidos en su artículo 16 contiene la siguiente provisión:
“Cada una de las dos Repúblicas se reserva la completa facultad de fortificar todos los puntos que para su seguridad estime convenientes en su propio territorio.”
Sin embargo, podríamos argumentar que ahí no termina todo el tema porque si nos planteamos el siguiente cuestionamiento: ¿Tenemos todavía algún recurso jurídico contra el proyecto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para la construcción del muro fronterizo? La respuesta es simple: Tenemos derechos bajo el Tratado de Aguas Fronterizos del año 1944 que garantiza nuestro derecho de obtener anualmente 850 millones de metros cúbicos de los aguas del Rio Colorado, 431.7 metros cúbicos del Rio Bravo y aguas aportadas por afluentes como ríos, arroyos y mantos acuíferos. Obviamente, los cimientos de 5 metros de profundidad van a obstruir nuestro acceso a estas aguas y van a tener efectos catastróficos en la fauna y flora fronteriza – todo en violación del Tratado de Aguas Fronterizos. Debemos acudir inmediatamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) establecido por el tratado de 1944 para efectuar la terminación inmediata de la construcción. Si no hay respuesta favorable, debemos registrar un pleito en la Corte Internacional de Justicia en La Haya para obtener justicia. Pero lo más preocupante de todo esto es la inacción del gobierno federal que al parecer es producto de la falta de interés por el exterior así como la falta de capacidad intelectual para enfrentar los problemas nacionales. El tiempo va pasando y se va terminando la luna de miel y la realidad se hace presente.
Dr. Juan Carlos Botello
Profesor – Investigador
Escuela de Comercio Internacional
UPAEP
Dr. Werner G.C. Voigt
External Consultant
