En días recientes se publicaron datos respecto al aumento en la tasa de desempleo de 3.6% (equivalente a la pérdida de empleo de 145,000 personas), la más alta en dos años, en gran medida derivada de los despidos en el gobierno y la política de austeridad.
Para muchos, la esperanza es que el sector privado subsane esta pérdida de empleos. No obstante, dicho sector también enfrenta una serie de retos, tales como la victimización a empresarios, las barreras para constituir nuevas empresas, la competencia desleal de la economía informal, amén del incremento de sus costos fijos por el aumento al salario mínimo y otros insumos como gasolina, gas, luz, agua, entre otros.
Hablando de la victimización a empresarios, la tasa de unidades económicas víctimas del delito ascendió a 35.5% en 2015. Dicha tasa es superior en el sector comercio (40.7%), comparada con la industria (31.7%) y los servicios (30.4%). Así mismo afecta más a la empresas grandes (61.0%), respecto a las medianas (59.9%), pequeñas (49.9%) y la microempresa (34.7%). El costo absoluto como consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas fue de $138,900 millones de pesos, equivalente al 0.73% del PIB (algo muy superior a lo que aportan al PIB los servicios de esparcimiento y culturales 0.4%, así como los servicios corporativos 0.6%). Por su parte, la prevalencia delictiva (tasa de víctimas por cada 10,000 unidades económicas a nivel nacional) fue de 3,548 en el mismo año 2015, la cual aumentó en 12 entidades federativas respecto a 2013, principalmente en Sonora (58.9%), San Luis Potosí (44.1%) e Hidalgo (40.2%); en Puebla aparentemente disminuyó dicha cifra a 3,603 víctimas (mientras en 2013 fue de 4,286), no por ello es menos importante. El delito más frecuente en Puebla es el fraude y en segundo término el robo o asalto de mercancía. De continuar esta tendencia, será muy difícil que crear nuevas empresas, o que las existentes puedan ofrecer más empleos.
Por su parte, la alternativa del auto-empleo a través de la creación de empresas también tiene sus bemoles, principalmente por las barreras para la constitución de nuevas empresas. A nivel nacional en 2016 se reportó que el 30% de las empresas perciben el marco regulatorio para el establecimiento de una empresa como un obstáculo; esta cifra es mayor en la industria (31.1%), que en el comercio (30.8%) y en el sector servicios, ligeramente menor (28.4%). Así mismo, la percepción de los requerimientos para cumplir con el marco regulatorio a nivel nacional en 2016 respecto a 2015, el 50.9% de quienes se animaron a emprender, opinaron que estos requerimientos aumentaron o continuaron igual de mal. El mismo documento reporta entre 18 y 20 trámites para la apertura de empresas previos al arranque de una empresa (5 para la apertura, 3 relacionados con el registro de la propiedad, 5 con inspecciones, 4 con permisos de construcción, dos de cumplimientos de contratos). En dicho reporte omiten mencionar los tiempos invertidos en cada dependencia, traslados de una dependencia a otra, desconexión y contradicciones en el tipo de requisitos entre cada organismo, duplicidad de documentos solicitados y costos de cada trámite. No menos importante es la relevancia de contar con experiencia en la constitución de una empresa (si su experiencia fue precisamente ser empleados en un área especializada, es poco probable que emprender constituya una opción, pues requiere dominio de diversas áreas de manera conjunta, entre muchos más requerimientos tanto en la gestión, como en el financiamiento y comercialización). Conservadoramente hablando, aproximadamente el 75% de las PyMes no llegan a los dos primeros años de vida (Laddaga, 2018).
Este escenario nos conduce a analizar la informalidad, tanto como la competencia desleal que representa para las empresas, como también por el hecho que desafortunadamente muchas personas en condición de desempleo podrían considerarla una alternativa. Acorde al INEGI (2018ª), la tasa de informalidad laboral (población ocupada menos ocupación formal) fue de 44.1% en 2018, la cual es mucho más alta en el sector terciario o de servicios (76.0%), respecto al industrial (22.0%) y al agropecuario (1.0%). A su vez, dentro del sector de servicios, la informalidad es mayor en el comercio (31.9%), así como en venta de alimentos y alojamiento (16.1%).
Existen muchas razones que alientan la informalidad.
Desde la perspectiva empresarial, las personas en informalidad evaden impuestos (predial, licencias y permisos de funcionamiento, servicios como luz, agua, salarios mínimos… lo cual disminuye costos, entre muchos otros). La ausencia de sanciones propicia su proliferación.
Desde la perspectiva de quienes buscan empleo en dicho sector, paradójicamente el salario por hora en el sector informal podría ser más alto ($38.7), comparado con el salario mínimo general de $102.68 diarios o de $3.42 la hora [CONASAMI, 2018]). Por ejemplo, en una jornada laboral de 8 horas aquellos en el sector informal podrían ganar $309.6 pesos, mientras alguien con trabajo formal ganaría apenas la tercera parte $102.68. Si bien no cuentan con prestaciones (seguridad social, pensiones, vivienda, vacaciones) prevalece la perspectiva de corto plazo, la urgencia de contar con efectivo para solventar sus gastos. Por su parte los esquemas de Salud Pública (Seguro Popular), de alguna manera contrarrestan la ausencia de servicios de salud, ya que son gratuitos.
Otro factor que podría favorecer la informalidad es la edad y la escolaridad, ya que en promedio las personas que trabajan en este sector tienen 42.7 años y cuentan con 9 años de estudios. Si no se cuenta con experiencia en emprendedurismo, es muy probable que los actuales desempleados la consideren una opción, agravando el crecimiento del sector informal, y disminuyendo la oportunidad de creación de empleos en aquellas empresas del sector formal. Los reportes omiten mencionar la edad y escolaridad de quienes perdieron su empleo, pero si son mayores de 30, será muy difícil que se beneficien del programa “Jóvenes construyendo el futuro”.
La pregunta será entonces, ¿qué estrategia seguirá el gobierno para apoyar tanto al sector privado (en cuanto a seguridad, trámites o subsidios, el incremento en sus costos fijos por el pago de un salario mínimo más alto, aumento de costo de luz, gas, gasolina, entre otros) para ayudarles a absorber este talento humano? ¿Cuáles otras medidas se implementarán para alentar el emprendedurismo, así como para disminuir, desalentar y controlar la informalidad? Si el gobierno incorporara las actividades informales a la economía formal, conservadoramente hablando estaría recaudando 40% más de ingresos; ello le permitiría generar estímulos a las empresas privadas, disminuir los despidos en su sector, así como tener recursos para mayor número de programas sociales. Dejar que el “libre de mercado” absorba el excedente de fuerza laboral afectaría gravemente la estabilidad económica, política, y social en el corto y mediano plazo.
Fuentes
CONASAMI: https://www.gob.mx
INEGI, 2018a. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tasa de Informalidad Laboral. Indicadores Estratégicos. Primer Trimestre 2018.
Instituto Nacional de EstadÃstica y GeografÃa. 2018b. Percepción de la regulación económica y su relación con el funcionamiento de las empresas.
Instituto Nacional de EstadÃstica y GeografÃa. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2016.
Ladagga, Rodrigo. 2016. Cinco razones por las que Pymes no sobreviven. Entrepreneur. https://www.entrepreneur.com/
Dra. Yesica Mayett Moreno
Directora Académica del Posgrado en Dirección de Organizaciones y Agronegocios
UPAEP
