Donald Trump centró una enorme parte de su campaña en las elecciones legislativas interinas en una supuesta “invasión de inmigrantes peligrosos de Centroamérica”. Y ahora, después de las elecciones, la ofensiva de él continúa con más ferocidad aún. Primero el 9 y después el 16 de noviembre, Trump firmó una proclamación y un decreto para denegar la protección a los refugiados que crucen la frontera entre México y los Estados Unidos fuera de los cruces oficiales. Además, la proclamación irracionalmente suspende y limita la entrada de cualquier extranjero a los Estados Unidos a través de la frontera con México durante 90 días, salvo a los residentes permanentes legales. Este decreto presidencial tuvo lugar tras días de ataques verbales de él hacia la caravana de los primeros 3,500 centroamericanos que han llegado a Tijuana en busca de asilo. El Pentágono movilizó 7,500 soldados en servicio activo a la frontera y Trump está amenazando con el despliegue de hasta 15,000 elementos para proteger a los E.U.A. de una imaginada invasión de criminales, violadores y terroristas centroamericanos e – irracionalmente – ¡del Medio Oriente!
Pues, el lunes 19 de noviembre, un equipo de abogados argumentaron, en soporte de una solicitud de amparo contra Trump, que el poder judicial de los Estados Unidos debe evitar lo antes posible que el gobierno de Trump niegue asilo a todos los que crucen de forma ilegal la frontera en búsqueda de refugio. Los abogados insistieron que los individuos tienen derecho al asilo aunque hayan cruzado la frontera de manera ilegal entre los puertos de ingreso oficial. El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, dijo que muchos de los solicitantes cruzan ilegalmente entre los puertos debido a que corren un peligro real, ya que sea por los soldados en los puertos o bien en sus países de origen – Honduras, El Salvador y Guatemala.
El juez federal del noveno distrito en San Francisco, California, Jon S. Tigar, – después de escuchar los argumentos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y el Centro por los Derechos Constitucionales – en el caso de East Bay Sanctuary Covenant et al versus Donald Trump, et al. – falló en menos de 24 horas en favor de los demandantes y otorgó un amparo temporal (Temporary Restraining Order). El juez Tigar baso su opinión formal en el derecho internacional tanto como federal de los Estados Unidos: La Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatus de los Refugiados de 1951, Articulo 3, y el Protocolo de 1967 Articulo 31 sobre el Estatus de los Refugiados y el Titulo 8 United States Code, Articulo 1158 en el sentid que: “Cualquier extranjero, presente físicamente en los Estados Unidos o quien ha llegado a los Estados Unidos – aunque no en un puerto designado – independientemente de su condición migratoria puede solicitar asilo.”
El miércoles, 21 de noviembre, Trump, enfurecido, arremetió contra el magistrado Tigar descalificándolo como “Demócrata” y un lacayo del expresidente Obama y amenazando: “¡Debemos hacer algo contra este noveno circuito federal!”
Solo momentos después, en un tweet inédito, el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Robertson, amonestó a Trump en un tono sumamente condescendiente: “Sr. Trump: ¡En los Estados Unidos los jueces federales son apolíticos!” Pero esto desató aún más la ira de Trump argumentando que los encargados de hacer cumplir la ley deben hacer su trabajo porque de no hacerlo habrá confusión, caos heridas y muerte.
Toda esta controversia está operando en favor de México: ¡Si Trump está obligado de aceptar a los refugiados, entonces no tendríamos el insuperable problema de albergar permanentemente a todos los miles de integrantes de las caravanas que han llegado a nuestro territorio! Pero, por si las dudas, dice AMLO que ya se encuentra en pláticas con el gobierno de USA para emprender un programa de ayuda y combatir la oleada de inmigrantes a través del establecimiento de empresas en Centroamérica y combatir los flujos migratorios. ¿Será otra de sus mentiras para evitar ser cuestionado sobre este tema y la postura de su gobierno?
Dr. Juan Carlos Botello
Profesor – Investigador
Escuela de Comercio Internacional
Dr. Werner G.C. Voigt
External Consultant
