Donald Trump ha catado siguiendo los pasos de una caravana de 200 desafortunados centroamericanos desde que partió el 25 de marzo de la ciudad de Tapachula cerca de la frontera con Guatemala. El Secretario de Justicia inmediatamente descalificó la caravana como “un intento deliberado de socavar nuestras leyes y sobrecargar nuestro sistema migratorio”. Y hace cuatro días estos grupos de familias enteras de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala llegaron en cinco viejos autobuses escolares a Tijuana, cerca del cruce fronterizo a San Ysidro con el intento de solicitar formalmente asilo en los Estados Unidos como refugiados de la violencia y del crimen organizado que ha resultado en ingobernabilidad absoluta en sus países de origen. Pero poco antes de su llegada, el cruce de San Ysidro fue cerrado por las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Once de los más desesperados lograron brincar el muro de acero en la frontera y once de ellos fueron arrestados por la patrulla fronteriza y encarcelados en la ciudad de San Diego como criminales comunes. Otros veinte de los refugiados se les permitieron cruzar la frontera poco a poco y luego – inexplicablemente – fueron expulsados por las autoridades con violencia física. En un ambiente de creciente confusión, el 30 de abril, la muchedumbre atrapada en Tijuana, recibió formatos de solicitud de asilo para ser llenadas en inglés – a través de las rejas del lado estadounidense. Poco tiempo después, la migra estadounidense se declaró incapaz de aceptar más solicitudes y ahora – en condiciones infrahumanas – los refugiados están varados. ¡Algunos de ellos están contemplando pedir asilo en nuestro país!
Ahora surge la pregunta: ¿Han actuado los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) en apego con los derechos de estos centroamericanos?
La respuesta es clara: el gobierno de Trump está en flagrante violación de la Convención sobre el Estado de los refugiados de 1951 que exige para los 145 naciones que han ratificado la Convención (E.U.A. entre ellas) lo siguiente: los países que reciben solicitudes de personas que huyen de una situación persecutoria, se les prohíbe arrestar, expulsar o forzar su estancia en condiciones inhumanas. Adicionalmente, está prohibido la expulsión o devolución a lugares donde su vida o libertad corre peligro. Cada solicitante tiene el derecho de acceso a procedimientos justos y efectivos para la evaluación de su solicitud. Durante este proceso el solicitante puede permanecer en el territorio (los Estados Unidos en este caso) y puede buscar empleo o recibir asistencia pública. En el caso de México, y posibles solicitudes de refugio por parte de los centroamericanos rige no solamente la Convención Internacional de 1951 pero también el Articulo 11, reformado el 15 de agosto de 2016 de nuestra Constitución: “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo se realizarán de conformidad con los tratados internacionales.” Estos cambios a nuestra Constitución efectivamente permitirán que toda persona perseguida, cuya vida, libertad o seguridad estén en peligro, pueda ser reconocida como refugiado y se le otorgue asilo político”.
Pero, por si lo anterior no fuese suficiente, el sábado, 28 de abril, Trump agregó en uno de sus famosos tweets que: “México, cuyas leyes de inmigración son muy estrictas, debe evitar que la gente pase por México y entre en Estados Unidos. ¡Debemos hacer esto una condición del nuevo acuerdo sobre el TLCAN!”. Dicho en otras palabras, Trump está condicionando ahora la conclusión de las negociaciones del TLCAN a un aspecto migratorio. Claro está que es una condicionante que México no la considera en la mesa de negociación y, al parecer, es una táctica más del presidente Trump para que México haga concesiones y ceda a la Regla de Origen del sector automotriz que trata de imponer E.U.A. pero, quizá uno de los aspectos más fuertes vinculados a dicha regla de origen es el tema salarial. Resulta que ahora E.U.A. está pidiendo que los componentes del sector automotriz elaborados en cualquiera de los tres países, haya sido pagado en su manufactura con un salario mínimo de $ 15.00 dólares americanos por hora, lo cual lo hace completamente inviable para muchas empresas del sector que por cierto ya han levantado la mano en señal de descontento con las políticas impositivas del presidente de E.U.A.
Dr. Juan Carlos Botello
Profesor – Investigador
Escuela de Comercio Internacional
Dr. Werner Gerhard Christian Voigt Hummel
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