Uno de las factores que agravaron el colapso económico de 1929, en Estados Unidos, fue la ideología incrustada en la toma de decisiones del presidente Herbert Hoover y su gabinete. Actuando dentro del contorno de las teorías económicas liberales ortodoxas, no lograron identificar que las medidas necesarias para terminar con la crisis, radicaban en una intervención oportuna del Estado y no en la hipotética corrección autónoma de las fuerzas del mercado.
El Nuevo Trato (o New Deal en inglés) fue el programa keynesiano del gobierno del sucesor de Hoover, Franklin Roosevelt, que reactivó la economía estadounidense a partir no sólo de la puesta en marcha de subsidios y creación directa de empleos, sino también del empoderamiento de los sindicatos y la regulación de sectores económicos, cuya escaza regulación había sido una de las múltiples causas de la crisis. En este sentido, es importante hacer notar que, Roosevelt no sólo supo instrumentar las medidas correctas para paliar la crisis, sino que también aprovechó la profunda caída para llevar a cabo una completa transformación en la economía política estadounidense y terminar así con muchos de los males estructurales que aquejaban a la sociedad.
De acuerdo a las principales agencias económicas internacionales, el mundo hoy enfrenta un descalabro económico y financiero de proporciones mayores que las del periodo histórico mencionado. El FMI pronostica que para este año el “Gran cierre” provocado por el coronavirus, reducirá el PIB mundial en un 3%. Para Latinoamérica, el panorama es aún más sombrío pues el Banco Mundial pronostica que el PIB regional se contraerá en más de 5 por ciento para este 2020.
Como resultado de este gigantesco reto, vemos que en el mundo se está generando una reacción keynesiana en las que se está optando por incrementar la intervención del estado en la economía con el objeto de proteger al capital y al empleo. Ni siquiera la crisis global del 2008 había producido este movimiento de protección estatal similar a ese momento Bretton Woods, que la crisis del 29 y el fin de la segunda guerra provocaron a nivel mundial.
Dicen los sabios que de las crisis siempre surgen oportunidades. Como en los años treinta del siglo pasado, el enorme reto económico que plantea la pandemia del Covid 19 debería de ser aprovechado por los gobiernos como una coyuntura, no sólo para mitigar los efectos económicos de corto y mediano plazo, sino también para para corregir esos males estructurales de larga data.
En México vaya que tenemos problemas estructurales que urge sean resueltos. Sin pretender ser exhaustivo, menciono que la mexicana es la economía de la OCDE que menos puntos del PIB recauda en impuestos. Es una economía con niveles elevados de informalidad, de empleos precarios y sueldos bajos. En este aspecto se calcula que más del cincuenta por ciento de los trabajadores en México laboran en la informalidad.
Además, es una economía que carece de motores de demanda interna lo que la hace muy vulnerable a los altibajos de la economía estadounidense. En este aspecto, el “Gran cierre” que hoy experimentamos no hace más que profundizar y sacar a la luz los impactos negativos que estos males estructurales le han provocado a la sociedad.
Ante ello, que bueno sería ver a un gobierno mexicano inteligente que actúe según el tamaño del reto y que aproveche la crisis para corregir esos problemas de larga data. Sin embargo, preocupantemente, el gobierno mexicano no está respondiendo de forma proporcional al tamaño de la amenaza, ni da ningún tipo de señal de querer corregir los grandes males de la economía nacional.
El reciente reporte del Banco Mundial para la región de Latinoamérica y el Caribe intitulado La Economía en tiempos del Covid 19, demuestra contundentemente que el gobierno mexicano está actuando como un gobierno que quiere tapar el sol con un dedo, ya que pese a la retórica, se rehúsa a incrementar la intervención del estado en la economía y prefiere dejar que las fuerzas económicas hagan lo suyo y “depuren” a los menos aptos.
El reporte muestra que mientras que el tamaño de la intervención estatal, vía condonación de impuestos, subsidios y transferencias, en países como Brasil, Perú o Chile rebasa los cinco puntos de su PIB, en México el monto del rescate es menor a un punto porcentual del producto bruto.
Aunque el gobierno mexicano afirma que el monto del rescate sobrepasa los 1.5 puntos porcentuales, quizá el reporte del Banco Mundial haya tomado en cuenta que dar facilidades de crédito a los burócratas del gobierno federal no es una medida que pueda considerarse como contra cíclica.
Hace casi cien años, la prisión teórica desde la que Hoover entendía la economía, no le permitió reaccionar adecuadamente, por lo que la crisis de 1929 se intensificó de forma brutal. Veo hoy un fatídico paralelismo histórico con el caso mexicano, aunque con ciertas diferencias. El presidente mexicano más que ser prisionero de un esquema teórico, es prisionero de sus propias ideas fijas y prácticas del pasado. Lejos de comprender su misión histórica ante la crisis del “Gran cierre”, su gobierno actúa de acuerdo a sus viejas recetas: polarizar el ambiente político a partir de equiparar la protección al capital y al empleo con prebendas a los grandes empresarios. Evadir la realidad presumiendo logros inexistentes de su gobierno y sacando raja política de una situación grave, al anunciar su intención de hacer coincidir la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias del próximo año, justo cuando la economía mexicana se encuentra a unos centímetros del precipicio.
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Dr. Derzu Daniel Ramírez |
