fCompartir

Tweet

En un régimen democrático, el derecho de reunión y el de libre manifestación de las ideas son elementos esenciales de la convivencia política; sin ellos, simplemente, no podríamos hablar de democracia. Ayer, convocados por los estudiantes de Puebla, las diversas comunidades universitarias públicas y privadas que existen en el estado se unieron de manera ejemplar para, precisamente, hacer uso del derecho de manifestación y de libre expresión de las ideas. Son muchos los aspectos que hay que resaltar de esto: en primer lugar, la excelente organización de los estudiantes de todas las universidades participantes (alrededor de 80, tanto del estado de Puebla como de otras entidades), pues lograr que un movimiento en el que participaron alrededor de 150 000 personas en las calles discurriera de manera civilizada, generosa y ordenada no es cosa fácil. En segundo lugar, hay que señalar la solidaridad que las autoridades universitarias, los catedráticos y el personal administrativo de las instituciones participantes mostraron con sus estudiantes para acompañarlos en su justo reclamo de seguridad y justicia para todos, no solamente para los miembros de las instituciones de educación superior, pues las víctimas de la inseguridad rampante que padecemos pertenecen a todos los grupos y estratos sociales. En tercer lugar, es de admirar el apoyo que se hizo patente a lo largo del recorrido de los diversos contingentes por parte de los peatones y de alumnos de academias y escuelas. Esto es reflejo también de la excelente organización y del orden y respeto que mostraron los manifestantes.

Una manifestación es una proclamación pública de una idea o de una exigencia: una persona o un grupo se dirige a un público, que puede ser de afectados por alguna medida política, a electores, a medios de comunicación o a actores políticos, con el fin de externar sus convicciones y encontrar la resonancia debida. Las manifestaciones buscan crear conciencia respecto a un problema que quizá no haya sido asumido como problema en la agenda política de los gobernantes, o que no haya sido resuelto; también buscan movilizar aprobación o desaprobación hacia algo, demostrar poderío y unidad, y ejercer presión frente a los que toman decisiones.

Por supuesto que a ningún político le gusta que la gente se una en la calle para hacer uso del derecho a la manifestación; para ellos, los políticos, es mejor que la gente se quede en sus casas a que salga a manifestarse a la calle en su contra, pero en un régimen democrático hay que considerar a las manifestaciones como medios legítimos tanto de la oposición como de la sociedad civil, pues se trata de una herramienta que puede ser útil para influir en la formación de la voluntad política, independientemente de otras formas de participación y de protesta, como salir a votar o abstenerse de ello. Hablamos de la formación de la voluntad política para referirnos a un proceso de formación de la opinión pública, que tiene que ver con las dimensiones de la política encargadas de diferentes asuntos: cómo se toman las decisiones políticas, dónde se toman, por quién se toman y cómo se imponen.

El Estado de Derecho garantiza la libertad de asociación, considerada como derecho fundamental, es decir, como parte de los derechos humanos y civiles consagrados en la Constitución. Esta libertad solamente puede ser acotada o limitada en casos que deben estar precisa y estrictamente delimitados y regulados, como, por ejemplo, para garantizar la seguridad y el orden. Por eso, en muchos países debe reportarse ante las autoridades competentes el deseo de realizar alguna marcha o manifestación; de esta manera, la policía toma las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de quienes participan y el orden para que la vida de los demás no se vea demasiado alterada. La legislación de muchos países prohíbe la participación de personas encapuchadas o enmascaradas. En México, la legislación al respecto es más laxa, pues, por ejemplo, al contrario de lo que ocurre en muchas naciones europeas, no está expresamente prohibido bloquear un recinto parlamentario.

En los regímenes autoritarios, los gobernantes perciben a las manifestaciones como formas de expresión hostiles al régimen, por lo que son perseguidas, prohibidas o disueltas, en ocasiones violentamente. Sin embargo, también pueden montar manifestaciones de apoyo al régimen y servirse de ellas como un instrumento que pretende mostrar, hacia adentro y hacia afuera, un supuesto apoyo popular al grupo gobernante, así como una pretendida lealtad de la población.

Las manifestaciones pueden ser también una herramienta para dar fuerza a movimientos sociales, es decir, pueden ser instrumentos de protesta para apoyar intentos de cierta duración de grupos y de organizaciones que forman redes más o menos sólidas, con el fin de generar, promover, evitar o anular cambios sociales. Estos movimientos tienen una cierta base organizativa, a diferencia de fenómenos colectivos de corta duración (como, por ejemplo, un estallido de pánico), y también pueden incluir a grupos más organizados, como partidos políticos y grupos de interés. Esta base organizativa no basta para poder afirmar que un movimiento social sea una organización, pues al movimiento social le faltan criterios vinculantes que regulen la membresía, la distribución interna de las competencias es de corta duración y los procedimientos para la toma de las decisiones se formulan al calor de los acontecimientos.

Sin embargo, los movimientos sociales son de mayor espectro que los movimientos de protesta más o menos monotemáticos, como los que exigen la salida de algún gobernante (como ocurrió hace poco en Bolivia) o que buscan impedir la construcción de alguna obra de infraestructura. Estos pueden llamarse “campañas de protesta”. Hay movimientos de protesta que buscan fortalecer o recuperar formas democráticas y ordenadas de vida, como cuando la voz universitaria se levanta buscando recuperar niveles de seguridad y de justicia que percibe que se han perdido; pero también hay movimientos, particularmente los de corte populista y fundamentalista, que pueden desviarse exactamente en la dirección opuesta, es decir, que no muestran un compromiso con el orden democrático de derecho.

En todo caso, el mayor reto que tienen frente a sí los movimientos sociales de presión es precisamente no perder la capacidad de ejercer dicha presión. El tiempo, generalmente, juega a favor de quienes están en el poder, como lo demuestran los fracasados levantamientos populares en China en 1989 o el malogrado intento de hacerse con el poder en Venezuela por parte de Juan Guaidó, en 2019. Esta capacidad para no perder la presión depende de muchos factores, como, por ejemplo, el grado de cohesión interna de los grupos, la facilidad que muestren para actuar conjuntamente subrayando las similitudes y no atendiendo a las diferencias internas, su capacidad para resistir los intentos de concentrar la toma de decisiones en personas que buscan metas e intereses más de tipo personal que grupal, o su fortaleza interna para soportar los intentos de las autoridades o de grupos de interés para sobornar a personas de su red directiva o para infiltrarla y pervertir sus objetivos, etc.

Esto quiere decir que, si los grupos que ejercen la presión dejan pasar la oportunidad de imponer sus condiciones de negociación a los gobernantes, el movimiento puede desmoronarse. Para atender un fenómeno tan complejo como el de la falta de seguridad pública, es esencial que se fijen, de común acuerdo, mecanismos periódicos de revisión de medidas que permitan a los grupos inconformes, bien asesorados, evaluar las acciones del gobierno. Sin esta constante presión, bien orientada, los gobernantes, a veces hábiles como gatos, se escabullirán en la indolencia y la verborrea.