La justificación más básica de todo estado es la garantía de seguridad. Max Weber define al estado moderno en estos términos, como el legítimo monopolio del uso de la fuerza. Todo estado usa la fuerza contra los enemigos de la sociedad.
El estado que claudica de su obligación, o cuya debilidad lo descalifica para asumir su función, pierde progresivamente su correspondiente derecho, es decir, la justa demanda de obediencia de parte de la ciudadanía. Si la protección termina, lo hace también la obediencia. No hablo de estados liberales, basados en el irrestricto respeto a los derechos y libertades individuales: me he referido, implícitamente, al padre del absolutismo moderno, Thomas Hobbes, cuya tradición continúan los escritos del controversial jurista alemán, Carl Schmitt. Es esta tradición la que coloca la seguridad como la única prerrogativa del individuo, derecho cuya fuerza es, empero, tal, que su incumplimiento puede llegar incluso a disolver el estado. Si hasta un estado absolutista contempla la seguridad como condición misma de la vida del estado, ¡cuánto más debemos exigir de un estado democrático!
Frente al actual gobierno y su inexistente estrategia para frenar la barbárica ola de violencia que azota nuestro país; frente a un gobierno que prefiere la burda retórica enmarcada por una sonrisa burlona, el cinismo, la propaganda y el vilipendio del enemigo—de un enemigo que ha sido ya mitificado—, frente a la incompetencia mezclada con resentida arrogancia, debemos preguntarnos: ¿Qué tendría que pasar en nuestro país en los años que vienen?
A diferencia del absolutismo, la democracia genera mecanismos de protesta a través de los cuales es posible oponerse y, en el extremo, deponer a un funcionario que ha incumplido sus obligaciones. Dos son fundamentales: el voto, instrumento por excelencia del cambio democrático, y la acción cívica, que las últimas décadas ha entrado en profunda crisis.
Lo que tendría que pasar en México es un despertar ciudadano, uno que quizá estén iniciando las mujeres que protestan contra un poder que no las defiende, que ignora su dolor, su indefensión y su vulnerabilidad en un país hinchado de machistas; uno que abandone el artificioso binomio chairo-fifí y vuelva al ethos democrático, entendiendo a la sociedad como un tapiz diverso y plural donde, no obstante, los ciudadanos podemos debatir y llegar a acuerdos. La ciudadanía—el “pueblo”, no el populacho, la ciudadanía y no la masa con sus ánimos tiránicos—tendría que hacer escuchar su voz a través de la compleja red de asociaciones de la sociedad civil: familias, escuelas y universidades, sindicatos, empresarios, ONGs, todos asumiendo su obligación ciudadana. El 2021 tendría que significar una derrota de la hegemonía morenista: perdida la Cámara de Diputados, al presidente le amputarían un poderoso brazo político, obligándolo a hacer eso que tanto detesta: negociar y compartir el poder, gobernar democráticamente… ¡escuchar! A partir de ahí, sólo una gran coalición de grupos de poder podría reconstruir el país. Apostar nuevamente por caudillos o soluciones rápidas sólo nos llevará de vuelta a la crisis. No ya un regreso a los partidos tradicionales, sino una nueva reconfiguración del poder, quizá híperfragmentado, donde reinen la mutua vigilancia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad.
Lo que tendría que pasar es un México que abandone su pathos caudillista y abrace, quizá por primera vez, la lógica democrática: la de la negociación difícil y el trabajo de todos. De lo que no cabe duda es que, de seguir por la senda del actual gobierno, no ya la democracia, sino la viabilidad misma del país, está en riesgo.
| Dr. Juan Pablo Aranda Vargas Profesor Investigador UPAEP |
