“El buen maestro defiende a sus alumnos contra su propia influencia personal”.
Amos Bronson Alcott.
Todo cambio en la educación, cualquier mejora en la calidad y en la pertinencia de la formación de los futuros ciudadanos, pasa necesariamente por los docentes. Como dice la muy conocida frase de Stenhouse: “Nada cambia en la educación si no cambian la mente y el corazón de los maestros”.
De ahí la centralidad que en la reforma educativa hoy en disputa tiene el Servicio profesional docente (SPD) que fue creado para establecer las condiciones normativas para que el ingreso, la permanencia y la promoción de los profesores del país se realice con base en los méritos y no en criterios políticos y sindicales, lo que implica el diseño e instrumentación de sistemas y programas de evaluación y formación –inicial y permanente- de todos los maestros del país.
Buena parte del debate y la tensión en contra de la reforma tiene como eje a este actor fundamental del proceso educativo. Por una parte se critica que la reforma “culpe” a los docentes de la mala calidad educativa habiendo tantos problemas de infraestructura, falta de mobiliario y equipo, carencia de material didáctico, políticas educativas erróneas, burocracia paralizante en la SEP, etc. Según esta visión, el hecho de establecer como obligatoria la evaluación docente implica esta culpabilización injusta y atenta contra los derechos laborales de los profesores, cosa que se ha demostrado que es falsa, pero que sigue siendo repetida, reproducida y creída por un gran número de actores educativos y ciudadanos.
Por otro lado, los opositores a la reforma –incluyendo un buen número de analistas, opinólogos e investigadores educativos- señalan como un grave error el hecho de que según ellos, la reforma se elaboró, aprobó y empezó a operar sin haber escuchado y tomado en cuenta las opiniones de los profesores, cosa que es parcialmente cierta.
Como lo he afirmado en este espacio en varias ocasiones desde hace ya algunos años, si bien es cierto que el profesorado no es el único responsable de la crisis educativa nacional, también es verdad que los docentes son actores fundamentales para que cualquier propuesta de cambio en la educación pueda llegar a hacerse realidad.
Asumiendo esta relevancia del magisterio en los cambios urgentes que reclama la emergencia educativa en la que nos encontramos, resulta evidente que la construcción y consolidación de un Servicio profesional docente que tenga la solidez, la alta complejidad y la pertinencia necesarias para reformar las estructuras institucionales dentro de las que opera el sistema educativo y construir una nueva cultura educativa que regenere los significados y valores que determinan la forma en que se vive el día a día en las escuelas del país, reclama un auténtico empoderamiento de los profesores para construir formas renovadas, inteligentes, críticas y comprometidas de participación en las decisiones que fijan el rumbo de la educación.
A esta convicción de la necesidad de empoderamiento de los docentes responde creo yo el apoyo que manifiestan muchos analistas e investigadores educativos al movimiento de la CNTE y la CETEG en contra de la reforma educativa aprobada en este sexenio.
Sin embargo, como también he planteado en artículos anteriores, parece no haber una adecuada distinción entre el magisterio y las organizaciones gremiales corporativas creadas y alimentadas por el sistema durante décadas para generar complicidades que mantuvieran el status quo. Esta distinción resulta fundamental en este momento histórico de la educación nacional.
Durante alrededor de ochenta años los mexicanos hemos padecido un régimen político con una doble cara autoritaria y paternalista al mismo tiempo que ha tratado a los ciudadanos como menores de edad a quienes todo se les resuelve desde arriba, mediante dádivas y favores o prebendas que se intercambian por votos y apoyos políticos. El ogro filantrópico del que hablaba Octavio Paz también tiene su derivación en el sistema educativo en el cual, originalmente el SNTE y posteriormente, en algunos estados pobres la CNTE –que surgió como una organización crítica de ese corporativismo y con aspiraciones democráticas pero fue progresivamente cooptada por el sistema- se diseñaron y han funcionado como estructuras verticales de control que más que representar, han usurpado la voz de los maestros y han bloqueado su libre expresión.
Este momento de crisis que hoy se vive manifiesta desde mi punto de vista, más que la mera oposición a la reforma educativa en marcha, la profunda descomposición de ese arreglo institucional corporativo que aunque caduco y anacrónico, se niega a morir. Estamos tocando fondo como sistema educativo y esta es una enorme oportunidad para generar una verdadera transformación que empodere a los maestros que realmente trabajan en las escuelas convirtiéndolos en actores co-responsables del cambio.
De modo que paradójicamente la lucha por empoderar a los maestros pasa por quitar el poder a los que desde arriba siguen hoy negociando “en lo oscurito” con el Secretario de Gobernación (CNTE) y con el de Educación Pública (SNTE) cuestiones políticas que poco tienen que ver con las genuinas molestias, críticas y propuestas de los profesores frente a grupo y los directores escolares para mejorar los procesos de evaluación y formación docente, los cambios en las condiciones materiales y en la gestión de las instituciones educativas y todos los demás elementos que hacen falta para impulsar una auténtica reforma educativa llevándola hasta sus últimas consecuencias en lo filosófico, pedagógico, curricular, didáctico y administrativo.
Des-empoderar a los líderes y cúpulas corporativas desde arriba e impulsar desde abajo el auténtico empoderamiento de los docentes creando nuevas organizaciones gremiales más horizontales, democráticas, flexibles y transparentes es un elemento fundamental para lograr una reforma educativa realmente eficaz y pertinente para las necesidades de este México herido por la injusticia, la corrupción, la impunidad y la violencia.
