Los términos del acuerdo entre México y los Estados Unidos están cada vez más claros. Para evitar la imposición de aranceles al 10 de junio, México se comprometió a tomar medidas integrales para aliviarle la carga a los EEUU.
En referencia a la frontera sur mexicana, las autoridades se comprometieron a militarizar con 6 mil elementos de la Guardia Nacional, la contención de migrantes indocumentados. Se habla de que para octubre de este año, dicha acción reduzca a 60 mil las detenciones que la patrulla fronteriza estadounidense realiza en su frontera sur, en comparación con las 144 mil que hicieron en mayo. Para ello, el estado mexicano tendrá que elevar el número de detenciones diarias de 700 a 2000 migrantes.
Con respecto a la frontera norte de México, el compromiso fue doble. Por un lado prolongar y formalizar el estatus de ‘sala de espera’ que México desempeña a través del programa Remain in Mexico. Por el otro, se compromete a asumir el papel de Tercer País Seguro en caso de que los esfuerzos en la frontera sur no cumplan con las expectativas de Trump.
Por donde se le quiera ver, este es un pésimo acuerdo para México y los migrantes.
En primer lugar porque el estado mexicano tendrá que hacer uso de la fuerza para combatir un problema social. Esto no sólo someterá a los migrantes a situaciones de más violencia sino que afectará la credibilidad del estado mexicano a nivel internacional y en especial cuando realice movimientos de defensa de nuestros connacionales en los EEUU.
En segundo porque México no cuenta con la infraestructura necesaria para gestionar a 50 mil centroamericanos que se encuentran esperando la conclusión de su juicio de refugio en EEUU ni con un flujo de nuevos migrantes que por ley se quedarían asilados en México (de enero a mayo EEUU recibió 100 mil solicitudes de asilo, más otras 15 mil que México recibió en lo que va de este año).
Y en tercer lugar, porque en el acuerdo no hay el compromiso de desactivar la amenaza de los aranceles, ésta sigue latente.
Como se mencionó en una entrega pasada, la vinculación de los temas bilaterales permitirá a Trump continuar presionando a México ‘para que haga su tarea y entregue resultados’ aunque con dichas medidas la autoridad mexicana tome decisiones que vayan en detrimento de su población y de la de otros países.
En este sentido, no hay que perder de vista que Trump ya está en campaña para su reelección. No hay que olvidar que desde el inicio de su carrera política, México fue definido como fuente de las principales problemáticas de los estadounidenses. Y no hay que soslayar que la base republicana se ha comprado todo ese discurso.
Por tal, de aquí en adelante no será extraño ver una escalada de amenazas y exigencias (muchas de ellas irrealizables) por parte del presidente antimexicano. Ya sabe que le funciona.
De momento logró hacer que el gobierno de la 4T pasara rápidamente de la postura de “tendremos una política migratoria humana y les daremos trabajo a los migrantes” a “ya son demasiados ” y “ necesitamos desplegar a la Guardia Nacional al sur del Istmo”.
La amenaza de los aranceles resultó ser tan contundente, que tampoco sería raro ver que Trump empiece a colar otros temas de la agenda bilateral en su estrategia de chantaje.
Uno de estos temas puede ser el del narcotráfico y el combate al crimen organizado.
En similitud con el tema de la migración, Trump también ha desplegado un discurso en el que México es el culpable de inundar con drogas a la sociedad estadounidense. En dicho tema, México históricamente ha definido su política antidroga de acuerdo con las exigencias del vecino del norte. Y así como AMLO se equivocó al decir que se iba instaurar una política de puertas abiertas a los migrantes (lo que explica el pico en los números de migración centroamericana), en el tema de las drogas, el gobierno mexicano en turno también ha hecho enfurecer a Trump.
Aunque no queda claro si lo que está intentando la 4T es cambiar el rebasado paradigma de la seguridad, un hecho incontrovertible es que han flexibilizado en demasía el decomiso de drogas cuyo principal destino son los EEUU. Mientras que en el primer trimestre del sexenio de EPN se decomisaron 1331 kg de cocaína, 19.8 kg de heroína y 2551 kg de metanfetaminas, en los primeros tres meses del actual gobierno, se han decomisado sólo 4, 5 y 17 kilogramos respectivamente.
En últimas fechas Trump ha dicho en redes sociales que así como México no ha hecho su trabajo con la migración, tampoco lo ha hecho con el tema de las drogas.
¿Qué pasaría si el día de mañana Trump incorpora a su estrategia de chantaje el tema del narcotráfico? ¿El gobierno de la 4T se someterá a las exigencias de los EEUU así como lo hizo con el tema migratorio?
Desde mi punto de vista sería un colosal error ya que así como con el asunto de la migración, el de las drogas es un fenómeno trasnacional que requiere de responsabilidades compartidas que EEUU se niega a asumir. No se debe perder de vista que los EEUU ponen un gigantesco mercado de consumidores de drogas y dejan operar a las redes de distribución minoristas que distribuyen por todo su territorio.
Obedecerlos sólo prolongaría el desastre de la violencia en México. El lugar común que establece que en el problema binacional del narcotráfico México pone las balas y los cadáveres, hoy es más patente que nunca, tan sólo hay que mirar las cifras ascendentes de desaparecidos, homicidios
Por todo lo anterior, creo que el gobierno mexicano no debe de permitir que el asunto de los aranceles siga contaminando los otros temas de la agenda bilateral. Es momento de pensar en estrategias alternativas en las que México salga mejor librado.
Hablando de estas alternativas para lidiar con Trump, yo propondría evaluar la fortaleza jurídica de la interpretación que el ejecutivo hace de la International Emergency Economic Powers Act. Al final de cuentas es la herramienta con la que Trump está sorteando las normas comerciales internacionales para presionar y chantajear a sus rivales y aliados.
De otro modo se corre el riesgo de que en México quedemos sometidos a las necesidades de un político extranjero que está en campaña y asumamos los costos políticos, sociales y económicos perniciosos que esa estrategia ya está arrojando.
Dr. Derzu Daniel Ramírez
Profesor – Investigador
Escuela de Relaciones Internacionales
UPAEP
