En los últimos años, en muchos de los debates sobre las políticas de desarrollo ha cobrado importancia el papel asignado a la ciudad, a la localidad o a la región, es decir, a las instancias más pequeñas de carácter subnacional o local, en contra de enfoques y prácticas que subrayan la preponderancia de las instancias nacionales o centrales. Cuando se discute el problema de las políticas de desarrollo en el marco del Principio de Subsidiaridad, es claro que el fortalecimiento de los órganos o instancias menores fortalece a su vez a las mayores en una especie de mutuo fortalecimiento, sobre todo cuando se complementa con el Principio de la Solidaridad. Aquí entendemos por Subsidiaridad a la relación entre persona, familia, organizaciones intermedias y la sociedad entera o el Estado, para delimitar las respectivas áreas de competencia y las ayudas. En esta relación, el apoyo de la unidad superior correspondiente debe ser útil, es decir, debe fomentar y ayudar a la unidad inferior en su desarrollo, pero no ponerla bajo su permanente tutela ni hacerla relajar en sus esfuerzos. Al ser un principio que implica una relación y una ayuda escalonada y ordenada, la subsidiariedad va acompañada de la solidaridad, puesto que esta es una obligación recíproca de los miembros de grupos u organizaciones para apoyarse unos a otros y ayudarse mutuamente.
No es tema de esta colaboración el discutir y delimitar los conceptos de región, localidad, comuna o municipio, entre otros, sino el de resaltar la importancia que los estudios sobre calidad de vida han tomado en los últimos tiempos en el campo de las políticas de desarrollo y municipales, tomando en cuenta indicadores que antes no se consideraban. También es nuestro propósito señalar que estas discusiones, en las que la relevancia de lo local se subraya, no son por lo tanto exclusivas ni de los países federales o que pretenden llegar a serlo, ni de los países en desarrollo, sino que también se presentan en otras regiones, como en Europa, y en países con otras formas de Estado diferentes del federalismo, como las repúblicas de corte unitario, como Colombia o Francia. Baste recordar la importancia del estudio de Claude du Graviet titulado Europe, le temps de Regions, publicado en París en 1996 y en el que, entre otras cosas, se señalaba la importancia de las instancias más cercanas al ciudadano, particularmente la de los gobiernos de las ciudades.
Dentro de esta misma corriente se presentan las discusiones en torno al fortalecimiento municipal y estadual en nuestro país, asunto nada fácil en vista de la transición de un régimen muy centralizado a otro que debería pretender descentralizar no nada más recursos, sino también competencias, pero en el que faltan tanto la cultura política para sostener este proceso, como los mecanismos para hacerlo transparente y justo. Es por ello que los gobiernos de Fox, Calderón y Peña fallaron en estos temas, mientras que el de López va de nuevo en sentido contrario. Es por eso que muchas instancias locales, condenadas por décadas a la inactividad, carecen del personal capacitado y de los conceptos y modelos adecuados para tomar en sus manos muchas políticas sectoriales y recursos más elevados, como en el caso de las políticas de seguridad, en donde los gobiernos locales no tienen incentivos para actuar con fuerza; ahora, con el despliegue de la Guardia Nacional, esos incentivos serán aún más insignificantes.
En el nivel estadual, constatamos en muchísimas ocasiones, desafortunadamente, la ausencia de instancias de control del presupuesto y de los recursos provenientes del ámbito federal. En este sentido, el papel de los congresos locales aún deja mucho que desear.
A su vez, las instancias centrales, llámense gobierno central, federal o nacional, se encuentran ante nuevas situaciones, muchas veces de carácter global o supraestatal, para las cuales no se encuentran debidamente preparadas. Entre estos nuevos retos se cuentan las políticas de protección al medio ambiente y las de seguridad. Al mismo tiempo, esas instancias centrales se perciben como muy alejadas de muchos problemas a los que se enfrentan las pequeñas regiones y los ciudadanos en su vida diaria, por lo que tampoco están en condiciones de poder resolverlos. Esto llevó a Daniel Bell a formular en 1988 su conocida y precisa frase: “El Estado nacional se ha vuelto muy grande para los pequeños problemas y muy pequeño para los grandes problemas de la vida”.
En los inicios de la teoría política, la relación de la política práctica con la ética no se percibía como un problema. Para Aristóteles, la política era la doctrina de las formas de vida del ciudadano en la polis; la ética se ocupaba de las formas de conducta y de la moderación en el trato entre personas, mientras que la economía era la vida en comunidad en una misma casa, la polis. Las tres disciplinas –política, ética y economía- formaban parte de la filosofía práctica y estaban íntimamente relacionadas entre sí; su objetivo, según Aristóteles, era la eudaimonia, la felicidad. Con esto no se refería a la sensación subjetiva de felicidad, sino a la realización plena de las posibilidades del hombre. La política, por lo tanto, concebida como disciplina ética, busca la vida del ciudadano en bondad y en justicia, para posibilitar el bien personal y el bien común de la polis. Nos encontramos, así, no frente a un simple “vivir”, sino frente a un “vivir bien”.
En la actualidad se habla mucho de la “calidad de vida”, es decir, de esa referencia crítica para juzgar las condiciones de vida de una sociedad; se distingue del llamado “estándar de vida” o de la “buena posición” como dimensión material, del bienestar y de la satisfacción como interpretación subjetiva del mismo. Es por eso que la calidad de vida representa un concepto multidimensional referido a las circunstancias de vida, es decir, a aquellas condiciones en que se realizan los intereses materiales e inmateriales (espirituales, intelectuales, morales, etc.) de una sociedad y de las personas que la conforman. Por lo tanto, estamos hablando de componentes del bienestar tanto materiales como inmateriales, objetivos y subjetivos. De ahí que los indicadores que nos ayudan a medir dicha calidad de vida sean fundamentalmente la educación, el trabajo, el consumo, la situación del medio ambiente, la seguridad, la legalidad y la impartición de justicia, y la posición social, entre otros, y que para poder hablar de un mejoramiento en las condiciones de vida de una sociedad tengamos que contemplar el aspecto cualitativo en el sentido de un ecodesarrollo, o como se estila en decir hoy en día –aunque el nombre quizá no sea tan afortunado- de un desarrollo sustentable.
Es por eso que resulta tan importante hablar de los “indicadores del desarrollo”: un indicador es una señal observable y medible que se aplica para estudiar un fenómeno no directamente observable, en este caso aplicable al estado y al proceso de desarrollo de una sociedad o país. Dichos indicadores nos sirven para analizar aspectos parciales del desarrollo: la economía, la política, el desarrollo social, la situación del medio ambiente, etc., y deben ser seleccionados aquellos que mejor abarquen el fenómeno a investigar. Debido a que la cantidad de dichos indicadores seleccionados depende de la complejidad del concepto de desarrollo con el que se trabaje, podemos decir con que primero hay que definir, luego aplicar y después medir.
Un ejemplo de lo anterior es el concepto de “pobreza”, de suyo muy complejo, para el que existen muchísimos indicadores que se expresan en los llamados “índices”. Así, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo utiliza el llamado “Índice de Desarrollo Humano” (IDH), que consiste en contemplar aspectos tales como el poder de compra, la esperanza de vida, el grado de alfabetización, la cuota de escolaridad, etc. El grado de alfabetización, por ejemplo, nos sirve como indicador del nivel de instrucción, pero también se refiere, entre otros puntos, a las oportunidades de la población para asistir a la escuela; la esperanza de vida al nacer nos habla de la atención médica en una sociedad o de las condiciones alimenticias de una población, entre otros aspectos de la salud y de la asistencia.
Dr. Herminio S. de la Barquera A.
Decano de Ciencias Sociales
UPAEP
