En México y en Centroamérica se ha profundizado una crisis humanitaria transnacional protagonizada por los migrantes indocumentados que atraviesan el territorio mexicano con el objetivo de llegar a los Estados Unidos.
Es una crisis humanitaria por las precarias condiciones que enfrentan miles de personas en cada una de las fases del ciclo migratorio. En la fase de origen, la población centroamericana se encuentra bajo una constante presión de factores que los empuja a migrar de forma ilegal. Entre estos se encuentran: Una incapacidad sistemática de las economías nacionales de crear el suficiente empleo formal que compagine con las tendencias demográficas ascendentes. Una constante demanda de mano de obra poco calificada en la economía de los Estados Unidos. Una creciente situación de violencia e inseguridad en los países centroamericanos cuyas tasas de homicidios se asemejan a las de países en guerra. Para dar un ejemplo, en 2017 El Salvador tuvo una tasa de homicidios de 60.1 por cada cien mil habitantes, más del doble de la que tenemos en el violento México. Y por último, una creciente pulsión por alcanzar a sus familiares que tiempo atrás lograron internarse en los EEUU (es por ello que en el flujo migratorio hay una buena cantidad de mujeres y niños).
En la fase de tránsito hay testimonios de migrantes que relatan que es un verdadero infierno la travesía por el territorio mexicano al estar expuestos a una diversidad de amenazas entre las que se encuentran: Extorsión por parte de células del crimen organizado, redes de tráfico de seres humanos y unas autoridades migratorias que se desempeñan bajo una cultura del abuso y el maltrato. Desde el año 2015, Amnistía Internacional daba cuenta de que el Instituto Nacional de Migración repatriaba ilegalmente a más del 90% de los niños centroamericanos que llegaban a México, cuando las convenciones internacionales mandatan brindarles total y expedita acogida y protección.
En la fase de destino, es decir en los Estados Unidos, si bien gran parte de los migrantes consiguen emplearse en actividades laborales de las cuales obtienen un ingreso mucho mayor al que obtendrían en sus países de origen, también es cierto que gran parte de ellos están destinados a vivir en la clandestinidad, lo que les lleva a carecer de muchos factores de bienestar. Y ni qué decir del ambiente social de discriminación y persecución que deben de enfrentar. Finalmente, la fase del retorno mediante la deportación, prolonga la precariedad y las amenazas al ser retornados a sus peligrosos contextos de origen que en primera instancia los obligó a partir. En pocas palabras, México es un eslabón más de una cadena transnacional de precariedad y violencia.
Ante ello, hay una fuerte disonancia entre el discurso y las acciones del gobierno mexicano. Por un lado el estado mexicano suscribió el Pacto Mundial para la Migración Segura y ha declarado que su política ante la migración de Centroamérica tendrá rostro humano.
Sin embargo, por el lado de los hechos, las cifras dan cuenta de que el actual gobierno está endureciendo la mano ante el flujo migrante. Aquí van algunas:
En los primeros cinco meses del presente sexenio fueron deportados 45,370 migrantes, número mayor a los que fueron deportados en los primeros cinco meses de los dos años anteriores.
En abril de 2019, se rompió record en la cifra de deportaciones hechas por México, al alcanzar quince mil. En los últimos tres años nunca había habido una cifra mensual tan alta.
Hay organizaciones sociales que reportan que las autoridades mexicanas han hecho deportaciones estratégicas para desactivar a los liderazgos de las caravanas migrantes.
El número de visas humanitarias conferidas a los migrantes ha tenido un fuerte descenso. Mientras en enero se confirieron once mil visas, en marzo sólo se dieron mil quinientas.
Ante lo anterior, el gobierno mexicano niega un endurecimiento de su política anti-migrante.
Hace poco Data Cívica dio a conocer un estudio en el que argumentan que no ha habido endurecimiento de la política migratoria mexicana al sostener que el incremento del número bruto de deportados se debe ponderar frente al incremento del flujo. Aunque aritméticamente el argumento es correcto, en términos sociales no lo es, puesto que no toma en consideración que el gobierno mexicano ha optado por sostener el número de deportaciones frente a un marcado incremento del flujo de migrantes, cuando podría decidir lo contrario. En el fondo es una cuestión de voluntad política.
Dada la naturaleza de los factores de expulsión, transitar hacia una política más humana, forzosamente significaría deportar a menos migrantes e integrar a más en cifras brutas.
¿Qué explica esta persistencia transexenal de persecución al migrante que viene de Centroamérica?
Sin duda alguna, las propias limitantes del estado mexicano para llevar a cabo una política distinta. Es un hecho que no se cuenta con la infraestructura social ni económica para dar un trato distinto al flujo migrante ni para apoyar a esas naciones para erradicar los factores de expulsión de migrantes. Al respecto México ha sido incapaz de erradicar la emigración de sus propios ciudadanos.
Otra razón se encuentra en las fuertes presiones que los EEUU ejercen para que México detenga a la mayor cantidad posible de migrantes en su frontera sur para que no lleguen a la de ellos. En este sentido, el año 2015 fue un año emblemático cuando a través del Plan Frontera Sur, por primera vez México deportó a 2 centroamericanos por cada deportado a cargo de las autoridades estadounidenses.
A pesar del discurso, esta subordinación continúa. El gobierno mexicano en turno no sólo mantiene al alza las deportaciones, sino a principios de año, acordó con el gobierno de EEUU el vergonzoso programa Remain in Mexico (actualmente disputado en las cortes estadounidenses) a través del cual los centroamericanos deben esperar en territorio mexicano las resoluciones de sus peticiones de refugio en los EEUU (procesos que pueden durar años). Vale la pena indicar que dicho acuerdo es violatorio del derecho internacional (específicamente del principio del non-refoulment) además de inmoral, ya que profundiza la política de hacerle el trabajo sucio a los EEUU deportando a humanos que huyen de contextos precarios y violentos. Por supuesto el gobierno mexicano también niega su participación en el acuerdo mencionado.
¿Por qué el gobierno mexicano se subordina de esa forma al gobierno de Trump? Fuentes con información privilegiada plantean que los Estados Unidos le temen a una sobresaturación de sus servicios migratorios y por ello están aprovechando la coyuntura económica de la negociación y ratificación del T-MEC, para amenazar con romper las reglas comerciales, ¿existirán algunas otras amenazas?
En vía de mientras, México anunció su participación, junto con El Salvador, Guatemala y Honduras, en el Programa de Desarrollo Integral elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el cual realiza un buen diagnóstico sobre las soluciones que se requieren para resolver de fondo el problema migratorio. ¿Dicho proyecto será política y económicamente viable? Ojalá no sea un discurso más porque en los hechos, en México, la crisis migratoria y humanitaria no sólo se niega, sino también de manera cómplice se le alimenta.
Dr. Derzu Daniel Ramírez
Profesor – Investigador
Escuela de Relaciones Internacionales
UPAEP
