Es sorprendente ver cómo mucha gente, incluyendo académicos, recién en los últimos meses se interesan y se alarman por la situación de Venezuela, como si lo que ocurriese allí tuviese poco tiempo de haber comenzado y de haber alcanzado un punto verdaderamente crítico. Ciertamente, el papel de los analistas desde, por ejemplo, las disciplinas de la Ciencia Política, no debe ser el de profetas, pero ya desde hace prácticamente 20 años se venía dibujando el derrumbe de las instituciones políticas en aquel país. Podemos decir que el paulatino proceso de colapso del régimen democrático comenzó con la promulgación de la Constitución de 1999, pues la Asamblea Nacional Constituyente que se convocó en ese año no era un mecanismo que estuviese respaldado por la Constitución de 1961, que en esa época estaba vigente, para emprender una reforma constitucional legalmente válida.
Tenemos que subrayar que la democracia, como régimen político que es, no se limita o agota en la celebración periódica de elecciones libres, que garanticen el voto universal y secreto. Para hablar de democracia también debemos tener en cuenta que es imprescindible el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Además, el acceso al poder y su ejercicio deben ser actividades enmarcadas en el Estado de derecho; debe haber pluralidad y participación políticas, así como separación e independencia entre los diversos poderes que componen un sistema político: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. La transparencia, la rendición de cuentas, la subordinación de las instituciones del estado a la autoridad civil y la conciencia de la necesidad de respetar el Estado de derecho por parte de la sociedad son así mismo esenciales. Es por eso que algunos estudiosos, como Allan Brewer-Carías, hablaba ya desde hace años de que esta convocatoria fraudulenta para reformar la Constitución fue una especie de golpe de Estado.
Dicha convocatoria nació de una consulta pública (referendo consultivo), a partir de una iniciativa del 2 de Febrero de 1999 presentada por Hugo Chávez, quien había sido electo Presidente de la República en Diciembre de 1998. Dichas consultas no estaban contempladas en la Constitución vigente en esos años, pero eso no importó. Este gran dilema entre la soberanía popular y la supremacía constitucional se presentaría después en Honduras, en el año 2009, pero en este caso, los jueces prohibieron realizar la consulta popular. En Venezuela, sin embargo, el juez encargado de resolver este dilema se abstuvo de resolverlo. Chávez, el mismo día en que tomó posesión de su cargo, emitió un decreto, que era anticonstitucional, para que el pueblo se pronunciase en un referendo acerca de la necesidad de una reforma constitucional. Las preguntas estaban tan sesgadas, que en realidad se trataba de un referendo consultivo, sino decisorio y autorizatorio que no estaba previsto en ninguna ley ni mucho menos en la Constitución. Lo que resultó no fue una decisión para reformar la Constitución, sino para otorgarle a Chávez un poder total y la posibilidad de substituir a los demás poderes (el Legislativo y el Judicial) aún antes de que se reformara la Constitución.
Sin embargo, ante los recursos de inconstitucionalidad que se interpusieron, la Corte Suprema de Justicia entró en acción, sentenciando que la Constitución de 1961 no podía perder vigencia durante la actuación de la llamada Asamblea Nacional Constituyente. Así, después de algunos avatares judiciales, se llevó a cabo el susodicho referendo consultivo en Abril de 1999, con un abstencionismo del 62.2%. Los votantes por el “sí” representaron un 92.4% de quienes acudieron a votar; por el “no” sufragó un 7.6%. Una vez pasado este escollo constitucional, tuvo lugar la votación para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente, en Julio de ese mismo año, con un 53.7% de abstencionismo. De los 131 diputados constituyentes, 125 gozaban del apoyo de Chávez, por lo que el bloque opositor quedó constituido por nada más seis diputados. En este proceso electoral, es claro que existió una grave responsabilidad en los electores, pues su abstención abrió las puertas al régimen antidemocrático.
Esta nueva Asamblea Constituyente se atribuyó a sí misma facultades y potestades públicas haciendo a un lado a la Constitución, teóricamente aún vigente, de 1961. Esto, en realidad, es equiparable a un golpe de Estado, en este caso desde el Poder Legislativo mismo, que se puso dócilmente al servicio del poderoso Presidente de la República. Una vez con todos los poderes en las manos, la Asamblea pudo intervenir en todas las instituciones públicas de Venezuela, comenzando con el mismo Poder Legislativo y sus órganos de gobierno.
El segundo paso fue intervenir al Poder Judicial, creando un “Poder Judicial en emergencia”, buscando minar la autonomía y la independencia de dicho Poder, remitiendo sus facultades interventoras en el referendo consultivo. Para terminar de someter al Poder Judicial, se procedió a la suspensión de jueces, instaurando procedimientos disciplinarios, imponiendo a “suplentes” y a jueces nuevos sin procesos de oposición y concurso. Lo más triste del caso es que el Poder Judicial aceptó toda esta serie de medidas anticonstitucionales, con lo cual terminó de cavar su propia tumba, por lo que poco después fue disuelto definitivamente.
El paso siguiente fue la eliminación, por parte del Poder legislativo, de las Asambleas locales de los estados de la federación, es decir, de los congresos locales, con lo que se socavó la autonomía de los estados de la República Federal. Además, aunque los municipios no son parte esencial del federalismo, la Asamblea Nacional Constituyente también limitó su autonomía, con lo cual nuevamente violó la Constitución de 1961.
Luego de esto, el Poder Legislativo, ya encarrerado, decretó la suspensión de las elecciones municipales de Noviembre de 1999, lo cual también era una medida ilegal, pues no se modificó la ley en la materia.
La última medida fue sumamente trascendente: una vez proclamada la Constitución de 1999, en Diciembre, que no se sometió, por cierto, a referendo alguno, la Asamblea Nacional decretó cesar en sus funciones a los diputados y senadores que habían sido electos un año antes. Es decir, Venezuela se convertía en una República sin poder legislativo. Para salvar este pequeño inconveniente, la Asamblea creó una “Comisión Legislativa Nacional”, designando a sus integrantes. Y para culminar con el proceso de eliminación y sometimiento de las instituciones, la Asamblea se atribuyó a sí misma la facultad de designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Con esto, el Poder Legislativo violaba incluso a la Constitución recientemente aprobada.
Todo lo que acabamos de ver, por lo tanto, fue un procedimiento verdaderamente inédito en un país que se decía democrático, y todo ocurrió en poco menos de un año, en 1999.
En nuestra próxima entrega seguiremos analizando el interesante caso venezolano.
Dr. Herminio S. de la Barquera y A.
Decano de Ciencias Sociales
Centro de Investigación en Ciencias Sociales (INCISO-UPAEP)
