Abordo el tema de la condena penal a Guzmán Loera, debido a que creo que la trayectoria criminal de este delincuente es un reflejo de las fallas, problemas y retos que enfrenta nuestro país en materia de narcotráfico y crimen organizado. En este aspecto, propongo cuatro conclusiones que se pueden formular a partir del juicio llevado a cabo en Nueva York y del que resultó una condena perpetua contra uno de los principales capos de la droga a nivel mundial. Primera conclusión. La sentencia contra Guzmán Loera, no mejora gran cosa el problema del narco en México ya que el narcotráfico y el crimen organizado son fenómenos sociales que, al desarrollarse en un ecosistema de debilidad institucional, no permiten vacíos de poder de ninguna especie.
A pesar de que Guzmán Loera lleva poco menos de dos años preso en los EEUU, el cártel de Sinaloa sigue delinquiendo debido a que el vacío provocado por la captura de su líder inmediatamente fue ocupado por otros capos entre los que se encuentran dos de sus hijos e Ismael Zambada.
La ocupación de los vacíos de poder, también fue una constante en la propia evolución del cártel de Sinaloa. Esta es una organización que fue apropiándose de los vacíos creados por el combate a otros carteles como el del Golfo o el de Tijuana durante la primera década del presente siglo. Al mismo tiempo, los vacíos que ha ido dejando el propio cártel de Sinaloa, tanto por pugnas internas como por el combate de las autoridades, está siendo ocupado por otras organizaciones criminales, siendo el llamado cartel Jalisco Nueva Generación una de las más expansivas.
Es por eso que a pesar de las llamativas capturas y decomisos que frecuentemente vemos en los medios, el tráfico de drogas ni la violencia que genera tal actividad, cesan en lo absoluto.
Segunda conclusión. La trayectoria de Guzmán Loera es el epítome de las capacidades que tiene el crimen organizado para penetrar y corromper a diversas instancias del Estado mexicano.
Sería imposible explicar el desarrollo del cartel de Sinaloa, que hoy en día es un actor con capacidades transnacionales y cuyas operaciones llegan a Europa y Asia, sin la complicidad de estructuras de autoridad pertenecientes a los ámbitos de procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, aduanas e inclusive autoridades democráticamente electas de México.
Quizá por lo anterior una constante es que de la captura y de los juicios contra narcotraficantes, lamentablemente no ha derivado ninguna política seria del Estado mexicano que desmantele las redes de corrupción que mantienen a muchas de sus instancias ‘poseídas´ por el crimen organizado. Seamos honestos, es tan grave la corrupción y complicidad de autoridades y funcionarios públicos, que Guzmán Loera dirigió su organización criminal estando en prisiones mexicanas de las cuales pudo escapar en dos ocasiones. En este sentido, no fue coincidencia que después de que Guzmán fue capturado por tercera vez, los EEUU lograron extraditar al delincuente cuando en anteriores ocasiones el estado mexicano se había negado a hacerlo.
Tercera conclusión. Como bien lo dijo el periodista José Reveles, durante el denominado juicio del siglo, el delincuente Guzmán Loera no era el único sentado en el banquillo de los acusados. En términos mediáticos y políticos México y su gobierno también estuvieron sentados ahí.
A lo que me refiero es que la narrativa de la cobertura mediática sobre el juicio fue congruente con la narrativa imperante del gobierno de EEUU, en la que se ha definido el problema del narcotráfico como uno que se origina solamente en México y que victimiza a la sociedad del vecino del norte. Lo anterior constituye un problema de origen ya que el tráfico ilegal de drogas es un dificultad claramente binacional en donde ambos gobiernos y sociedades tienen una responsabilidad compartida que los Estados Unidos se han resistido a aceptar.
Durante el juicio, las notas de prensa que ganaron notoriedad se refirieron a las declaraciones de subalternos de Guzmán Loera, en la que relataron una serie de sobornos hechos a diversos funcionarios del primer nivel del Estado mexicano.
Al mismo tiempo, brillaron por su ausencia las piezas mediáticas que hablaran de testimonios sobre las redes de distribución que operan en los EEUU por ejemplo.
¿O acaso es que Guzmán Loera logró traficar y distribuir más de 200 toneladas de cocaína sin la complicidad de traficantes y autoridades estadounidenses? ¿O las redes de distribución de armas de la que el cártel de Sinaloa se ha beneficiado, funcionan sin la complicidad de funcionarios públicos de allá?
A todas luces la respuesta es no. Sin embargo, en la narrativa oficial y mediática de los EEUU se hace caso omiso sobre dichos cuestionamientos, sesgo que en la práctica ha producido muchos costos de recursos y de vidas humanas como adelante lo explico.
Cuarta conclusión. Las aprehensiones y enjuiciamientos de los grandes capos de la droga (incluido el de Guzmán) no hacen sino promover la perpetuación de un statu quo mortal.
Es decir, por un lado son utilizados como trofeos mediáticos que ayudan a justificar públicamente la inyección de recursos y las acciones de las agencias antinarcóticos y de inteligencia de uno y otro lado de la frontera.
Por otro lado, estos golpes a las altas jerarquías del narcotráfico son posicionados como resultados de una estrategia que a todas luces es sesgada e incompleta puesto que no reconoce que las muertes por sobredosis en EEUU y las muertes por actos violentos en México son dos caras de una misma moneda.
Me explico.
En la estrategia de combate al narco, los Estados Unidos no ofrecen soluciones permanentes para erradicar su epidemia de consumidores de drogas (tan sólo en 2017 hubo más de 72,000 muertes de estadounidenses a causa del consumo de estupefacientes) ni tampoco para neutralizar las redes de distribución minorista que operan en su territorio y que proveen directamente a su mercado de adictos.
En lo que respecta a México, este se ha subordinado a las exigencias de los EEUU de concentrase en cortar cabezas y decomisar cargamentos o sembradíos de droga, sin preocuparse demasiado por formular soluciones duraderas para desmantelar las redes de corrupción y complicidad entre funcionarios públicos y criminales que a su vez, es el principal factor que posibilita la espiral de violencia que tan sólo en 2018 arrojó una cifra de más de 33,000 homicidios.
Dr. Derzu Daniel Ramírez Ortiz
