Sin lugar a dudas el 23 de enero marcará la historia política del país sudamericano, puesto que en un contexto de privación económica y de represión política sistemática (ampliamente documentado en informes de la ONU) el líder opositor de la Asamblea Nacional venezolana Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela , después de lo cual, el Grupo de Lima (un conjunto de países americanos entre los que se encuentran Brasil, Argentina, Canadá, Chile por mencionar algunos), Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y otros organismos regionales, dieron su reconcomiendo como presidente legítimo e interino al líder opositor.
En este sentido, dada la rapidez de los acontecimientos, presento algunas observaciones preliminares sobre lo que está ocurriendo, señalo tres prejuicios que no deben de prevalecer en el análisis del tema y me permito externar una recomendación sobre cómo debe de actuar México, no sin antes precisar que este texto se escribió con información del 24 de enero por la mañana.
Comienzo con las observaciones: En términos políticos y jurídicos, al día de hoy existen dos presidentes venezolanos. Uno es Juan Guaidó que cuenta con una parcial legitimidad internacional (la ONU, la Unión Europea y un buen número de países no lo han reconocido), pero que no se encuentra en control de ninguna instancia de la burocracia venezolana. El otro, Nicolás Maduro, cuya cantidad de legalidad y legitimidad se esfuma, pero que se encuentra en control de las instituciones del Estado, entre ellas las fuerzas armadas.
La historia política nos dice que para que un gobierno se sostenga, éste requiere tener elementos de legalidad y legitimidad por un lado, y por el otro, factores reales de poder como el de las armas. Guaidó cuenta con elementos de legalidad (según juristas venezolanos el artículo 233 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le dan un fundamento legal a sus acciones, aunque hay otros tantos que lo debaten) y de legitimidad interna y externa, no así con factores reales de poder.
El régimen de Maduro, por su parte, está sustentado en una frágil legalidad, sobre todo después de la creación en 2017 de un órgano alternativo al poder legislativo formal llamado la Asamblea Constituyente, totalmente subordinado a sus designios y después de unas elecciones en 2018 poco creíbles que le dieron un triunfo sin legitimidad interna ni externa. En cuanto al poder real, Maduro sigue teniendo la lealtad de la élite militar de su país aunque no así de las tropas de bajo rango.
Por lo anterior, el nivel de fracturas internas y disenso que exista dentro del ejército venezolano, así como la posición que tomen los liderazgos de los hombres armados frente a esta disyuntiva, serán cruciales para fijar el equilibrio de poderes entre los dos presidentes en los próximos días y meses.
Con respecto a los prejuicios que no deben de nublar el análisis sobre este caso, mencionó lo siguiente. Es comprensible que por la historia intervencionista de los Estados Unidos en América Latina y el mundo, se activen los temores de que todo esto es una nueva cruzada del poderoso vecino del Norte.
Sin embargo, es importante observar dos sutilezas que en política internacional hacen la diferencia. El reconocimiento a Guaidó no fue un acto individual de los EEUU, sino que fue un acto en el cual no sólo la más importante organización regional, sino los países vecinos más próximos a Venezuela, actuaron al unísono. En segundo lugar, en la declaración de los EEUU y en la del Grupo de Lima, no se impone a un mandatario, sino que se respalda con bases legales a un político para que reinstaure la democracia eliminada por el chavismo.
Por lo anterior tildar esto de golpe de estado es incorrecto y desproporcionado. Claro, sería muy naive darle un cheque en blanco a los EEUU, así que es importante estar atento al comportamiento del gobierno de Trump en un futuro.
Segundo prejuicio: Lo que pasa en Venezuela que lo resuelvan los venezolanos. ¡A México y al mundo qué les importa, que mejor se enfoquen en resolver sus propios problemas! Esta visión conlleva dos problemas de entendimiento. Si los países en el mundo se concentraran solamente en sus propios asuntos, el mundo sería un conjunto de islas sin comunicación entre sí. Por otro lado, la vigilancia y pronunciamientos sobre los abusos que ocurren en otros países, ha generado un sistema internacional virtuoso en el que ningún gobierno escapa del escrutinio internacional sobre su comportamiento con respecto a los derechos humanos.
Tercer prejuicio, el principio constitucional mexicano de la no intervención impide a nuestro país involucrarse en la crisis venezolana, ¡Falso!
El principio de la no intervención enarbolado en parte por la Doctrina Estrada, establece que México se abstendrá de intervenir en los asuntos ajenos y de dar o quitar reconocimiento de gobierno cuando esto se usa como una táctica para desestabilizar o extraer concesiones del país que es víctima de la intervención.
En ningún momento esta doctrina impide que México se involucre en temas internacionales para preservar la democracia o proteger los derechos humanos (tomar en cuenta que es una doctrina de 1930). Precisamente esta última idea, fue el sustento de la interpretación tergiversada y ventajosa que hizo la hegemonía de 7 décadas de PRI, para blindar su dictadura perfecta del escrutinio internacional.
En el artículo 89 de la Constitución mexicana, a un lado del principio de la no intervención, se encuentra el principio que obliga al Estado mexicano a proteger los derechos humanos a nivel internacional, lo cual sumado a los tratados internacionales de los que México forma parte, hacen ilegal que el Estado mexicano se desentienda del problema. No hay de otra, por moralidad y por legalidad, México está obligado a involucrarse.
En conclusión, la comunicación y comportamiento oficial del gobierno mexicano (abstención de la declaración de principios de enero del Grupo de Lima, declaraciones del presidente AMLO y su vocero del 23 y 24 de enero y sobre todo el comunicado no.12 de la SRE del 23 de enero) esgrimen una posición sesgada a favor de Maduro y disfrazada con un lenguaje de neutralidad. Estas expresiones en donde México se abstiene de condenar y desconocer al régimen argumentando neutralidad y en las cuales exhorta a la no escalada de violencia, resultan ser en los hechos un espaldarazo tácito pues tolera la existencia de un régimen que subvirtió las instituciones democráticas y que viola sistemáticamente derechos humanos.
Aunque en posteriores escritos ahondaré más sobre la posición de México, me permito terminar con una recomendación. Si el gobierno mexicano busca jugar un papel constructivo en la solución del conflicto a través de una posición de verdadera neutralidad y abonar a la protección de derechos humanos, propongo lo siguiente:
Que se continúe reconociendo a Maduro como presidente (los costos de ese golpe ya lo asumieron otros países), que no se reconozca a Guaidó, pero que al mismo tiempo el estado mexicano se comprometa a promover un objetivo legítimo de su participación en el conflicto.
Es decir, no te decantes a favor de ningún bando, decántate a favor de una causa.
Esta causa legitima no puede ser otra más que la de restituir el régimen democrático y de libertades en Venezuela.
Nada más que para ello, México tendría forzosamente que reconocer abiertamente y con todas sus letras que en Venezuela hay un régimen represor y antidemocrático (aunque siga manteniendo su reconocimiento) y por el otro lado, exhortar que sea un organismo internacional quien intervenga decididamente en la organización de unas elecciones libres y equitativas.
De otra forma, se corre el riesgo de quedar en el lado incorrecto de la historia.
