El mundo de la política es complejo, muy complejo, aun cuando mucha gente –e incluso muchos políticos- no lo crean. La toma de decisiones obliga al político en funciones a tener que analizar muchos escenarios, a sopesar opciones, a reflexionar profundamente, debido a las graves repercusiones que pueden acarrear tras de sí una mala decisión, un mal diagnóstico o una idea mal expresada. El político no puede saber de todo, pero debe ser consciente de ello; debe saber que tiene limitaciones y que necesariamente habrá temas, muchos temas, de los que poco sabrá debido a la falta de vocación o porque quizá no se haya interesado anteriormente en ellos. Por eso es tan importante la asesoría política, que parte del hecho de que hay una diferenciación de papeles (“roles”), en la que un asesor, generalmente externo al sistema político y administrativo, se acerca al político y le ayuda a tomar una decisión. Esta persona puede ser un empresario, un banquero, un periodista o un científico. Pero si abordamos el concepto de manera más estricta, la asesoría política se limita a la participación de científicos, particularmente de científicos sociales, en el difícil e intrincado proceso político-administrativo del análisis y la toma de decisiones.
En la discusión que se genera alrededor de las formas y contenidos de la asesoría política por parte de la ciencia, esto es, el aprovechamiento y empleo del conocimiento de las ciencias sociales en la práctica política y administrativa, muchas veces se percibe la relación entre la política y la ciencia como la de dos mundos que obedecen, cada uno de ellos, a diferentes lógicas e imperativos de acción. Así, mientras las decisiones y las tareas político-administrativas en un sistema democrático siguen una lógica de acciones determinadas principalmente por la consideración de intereses, la búsqueda del consenso y la voluntad de las mayorías, el trabajo de los científicos se rige fundamentalmente por una lógica del conocimiento, orientada a la búsqueda de la verdad.
Esta relación entre la ciencia y la praxis política no ha estado exenta de polémica: en los años 60 del siglo pasado, por ejemplo, se colocaba en el centro de la discusión a las cuestiones politológico-normativas, pues se hablaba de la posible pérdida de la autonomía de la ciencia por dejarse arrastrar por el mundo de la asesoría política y de la toma de decisiones vinculantes. En la actualidad, por el contrario, se discute esta relación sobre todo respecto al interés empírico por formas y contenidos de la utilización del conocimiento de las ciencias sociales en la toma de decisiones en el ámbito de la política y de la administración pública.
Actualmente, la cantidad de expertos y de escritos en gran parte de los temas que tienen que ver con políticas públicas es enorme. Ciertamente hay áreas más exploradas que otras, pero, aun así, la asesoría política está al alcance de quien quiera tenerla y obtenerla. El primer paso es reconocer que no podemos saberlo todo; hay que darnos cuenta de que tenemos, como seres humanos, limitaciones más o menos pronunciadas en el alcance de nuestros conocimientos y capacidades. Pero si se emprende la búsqueda, se encuentra el consejo, la reflexión y la solución (o las posibles soluciones).
Esto viene a cuento por las declaraciones, sin orden ni concierto, que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo han expresado en estos larguísimos meses de la transición en torno a diversos temas, que cubren un amplio espectro y que abarcan desde la seguridad hasta la infraestructura. Es más que evidente que el Lic. López Obrador no es un experto en temas de seguridad ni en políticas de infraestructura aeroportuaria. Pero eso no es grave: no tiene por qué ser un experto en todo. El problema es que no se haga asesorar por la gente adecuada (o quizá sí lo haga, pero lo disfraza hábilmente), para no solamente evitar decir cosas sin sentido, sino para saber entonces cómo trazar la ruta crítica en búsqueda de una posible solución a tan graves situaciones.
Es particularmente penosa la ignorancia de nuestro futuro Presidente en temas de Fuerzas Armadas, cuyo jefe supremo será próximamente. Lo que dijo hace un par de días es verdaderamente alarmante: dio a entender que el General Miguel Enrique Vallín Osuna, ex Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, había sido cesado de su cargo por haberle permitido el ingreso a la Base Aérea de Santa Lucía a un grupo de colaboradores del Presidente Electo. Esto es totalmente falso: el General Vallín pasó a situación de retiro el 17 de Septiembre pasado al haber llegado a la edad reglamentaria de retiro del servicio activo en las fuerzas armadas: los 65 años. La visita a las instalaciones de la FAM se pudo concretar gracias a la colaboración y a la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una pasmosa ocurrencia pensar que un comandante de tan alto rango deje pasar a las instalaciones más importantes de la Fuerza Aérea a un grupo de civiles sin tener la autorización correspondiente, pues en México, el comandante de la FAM está subordinado al General Secretario. Además, el Lic. López ni siquiera supo decir el cargo correctamente: dijo “el jefe de la fuerza aérea del ejército”. Y algo más: aseguró que, de comprobarse tamaña injusticia, lo restituiría en el cargo. Esto no lo podría hacer ni aunque fuera Presidente en funciones, porque la ley lo prohíbe.
El mensaje que está mandando, al hacer este tipo de declaraciones, es que sigue jugando el papel de víctima que tan hábilmente jugó en la campaña: por apoyar al equipo de López Obrador, el militar aquel fue cesado ignominiosamente y el General Secretario se prestó al juego. Lo peor del caso es que este no es un ejemplo aislado: en Toluca, en una manifestación llevada a cabo el miércoles 10 de Octubre, volvió a despotricar contra la “mafia del poder”, habló de la existencia de “fuerzas retardatarias” que luchan en su contra. Mencionó además a los potentados, a la “prensa fifí” y a radicales conservadores, identificándolos como los enemigos de la cuarta transformación.
Otro desatino es la afirmación referente a la convocatoria para ocupar 50 000 plazas en el ejército, la marina y la policía federal. ¿Por qué exactamente esa cifra? En los últimos 20 años, los elementos de la marina y del ejército se han incrementado en 32 000 personas, y la Policía Federal en 27 000. ¿Se va, entonces, a incrementar de golpe en más del 80% del último incremento el número de militares y policías federales? ¿De dónde saldrán los más de veinte mil millones de pesos que eso costaría? ¿No dijo el Sr. Durazo que no había más dinero para seguridad? Ciertamente, estas minucias legales y operativas son desconocidas para la inmensa mayoría de la gente, pero ¿qué pensarán los militares mexicanos al escuchar estas desafortunadas declaraciones? ¿Están ya marcados por el destino de permanecer eternamente en las calles, haciéndola de policías? ¿No que la idea era otra? ¿Por qué improvisar los discursos? ¿Por qué no informarse primero, antes de lanzar elucubraciones y planes incompletos? ¿Por qué no hacerse asesorar por algún miembro de las fuerzas armadas o por expertos en el ramo correspondiente?
Creo que ha llegado el momento de que el Presidente Electo se dé cuenta de que ya pasó la campaña, que no solamente ganó, sino que hizo pedazos a los partidos que se le plantaron en el camino, que tiene toda la legitimidad para tomar decisiones sin tener que estar recurriendo a consultas populares y al discurso de campaña. Un Presidente electo o en funciones debe ser factor de unión, no de división. El triunfador es él, y quiso ganar para tomar decisiones. Entonces que las tome y ya; y si no sabe, que recurra a la asesoría política. Si sabemos que no sabemos, damos un gran paso adelante para superar nuestras deficiencias, que son naturales en el ser humano. Un rasgo importante del antiguo régimen es que el Presidente era infalible, no se enfermaba y sabia de todo. La cuarta transformación debería dinamitar esta imagen del Presidente superhéroe y substituirla por la de una persona como todas las demás.
Dr. Herminio S. de la Barquera y A.
Dirección de Posgrados en Ciencias Sociales
Centro de Investigación en Ciencias Sociales (INCISO-UPAEP)
