En el escenario de la política exterior mexicana del próximo sexenio, se vislumbra un tema estratégico además de polémico. Tiene que ver con el desempeño de la política exterior en cuestiones de la protección a los derechos humanos y su estrecho vínculo al principio de la no intervención que dicta que, en un mundo de naciones autónomas con derecho a la autodeterminación, los países tienen la obligación de abstenerse de interferir en los asuntos internos de otro país.
Este principio icónico de la política exterior mexicana, fue resultado del traumático desarrollo histórico de un México que fue receptáculo de una implacable intervención militar y política externa, resultado de las estrategias de proyección de poder de potencias como los EEUU y las europeas. De esta forma, el principio de no intervención fue de gran valía para un país débil que encontró en el desarrollo del derecho internacional, una valiosa estrategia de defensa ante un hostil sistema internacional del siglo XIX y de principios del XX.
Por supuesto que la interpretación sobre cualquier principio o ley no es ahistórica, sino responde a las transformaciones sociales tanto del plano nacional como del internacional. Es decir, con el paso del tiempo, la noción de la no intervención ha tenido diversos significados y ha trabajado en función de diferentes fines.
De esta forma, mientras que en siglo XIX la no intervención surgió como una herramienta para conseguir la integridad territorial y política del estado mexicano, en la segunda mitad del siglo XX, ya en el sistema internacional tenso pero estable de la Guerra Fría, la interpretación dominante sobre el principio de la no intervención se transformó.
En este periodo, la no intervención se materializó en la no participación de México en mecanismos internacionales de resolución de conflictos como el Consejo de Seguridad o las fuerzas de los cascos azules de la ONU. Esto como una táctica para evitar roces políticos innecesarios con las grandes potencias, especialmente con los Estados Unidos.
En la misma etapa y bajo el amparo del principio de la no intervención, la cancillería mexicana buscó construir un margen de maniobra para evitar la subordinación completa a los lineamientos de EEUU, a través de evitar la condena sobre la violación de derechos humanos en otros países siendo uno de los ejemplos paradigmáticos, el silencio de México ante los casos de represión del régimen de Fidel Castro en Cuba.
En adición a lo anterior, en un régimen de “dictadura perfecta” como lo fue el del PRI hegemónico del siglo anterior, la exaltación del principio de la no intervención también fungió como una forma de blindar al régimen del escrutinio internacional relativo a la denuncia de falta de democracia y de violaciones de derechos humanos.
En los primeros años del siglo XXI, la interpretación sobre la no intervención sufrió otra trasformación importante. En la administración de Vicente Fox se estableció que la no intervención no debía ser un principio que aislara a nuestro país del desarrollo político e institucional de las relaciones internacionales, ni mucho menos un principio que blindara (mañosamente) al gobierno mexicano de la vigilancia internacional con respecto a estándares democráticos.
En este sentido, la no intervención sólo quedo circunscrita a proscribir aquellas formas de intervención extra legales que tienen como fin desestabilizar territorial o políticamente un país para conseguir fines propios.
Con esta nueva interpretación, la política exterior mexicana dio un giro virtuoso, en lo que respecta a la protección de derechos humanos. Hoy el estado mexicano pertenece a mecanismos internacionales que someten al país a un incesante escrutinio internacional que ha ejercido una presión importante para identificar y abordar muchas de las complicaciones en cuestión de derechos humanos que experimentamos a diario en nuestro país.
Como contraprestación, la política exterior mexicana se ha adherido al principio de la responsabilidad de proteger, que prescribe la responsabilidad de un país de intervenir en los asuntos de otro país, cuando en otro territorio nacional se está llevando a cabo una violación grave de derechos humanos.
En este aspecto, el gobierno del presidente electo López Obrador, iniciará su gestión con dos graves casos de violaciones de derechos humanos y de disrupción del orden democrático en Venezuela y Nicaragua.
Al mismo tiempo, gobernará un país con altos niveles de violencia y con problemas estructurales de inseguridad. Un país en el cual el ejercicio periodístico es una actividad peligrosa y un país en el cual las fuerzas armadas se despliegan en las calles (por la incapacidad de las policías de brindar seguridad a los ciudadanos), lo cual ha creado situaciones graves de violación a derechos humanos.
Hace algunas semanas Marcelo Ebrard (próximo canciller mexicano) anunció ante medios de comunicación, que una vez que inicie la administración del presidente electo, México aplicará el principio de la no intervención y no se entrometerá en los asuntos de Venezuela y Nicaragua.
A la luz de este escenario, cabe preguntarse: ¿Qué significa la declaración de Ebrard? ¿Significa el reciclaje de la interpretación de la no intervención priista, o el surgimiento de una innovadora interpretación de la no intervención? ¿Qué hay de la política de apertura al escrutinio internacional de la situación de derechos humanos mexicana? ¿Continuará, se reforzará? o ¿veremos un renacimiento de la estrategia ventajosa de no intervención en los asuntos humanitarios de otros países, para evitar que desde fuera ejerzan presión política sobre los problemas internos?
O quizá la declaración del próximo funcionario esgrime lo que será una política de doble rasero, en la que la no intervención se aplicará a rajatabla con aquellos gobiernos extranjeros ideológicamente afines al próximo gobierno mexicano, con el fin de evitar enemistades con posibles aliados y referentes ideológicos ( es bien sabido el vínculo de algunos de los altos cuadros de MORENA con el gobierno venezolano y ni qué decir del papel que representa el sandinismo nicaragüense para la representación simbólica de ciertos sectores de la izquierda mexicana).
Al día de hoy hay más interrogantes que respuestas a las preguntas anteriores. Sin embargo, es fundamental observar y pronunciarse sobre dicho tema, ya que los cambios en la noción de la no intervención, no sólo impactarán en las relaciones internacionales de México sino también en la forma y fondo de las acciones para resolver la crisis de derechos humanos y para el mantenimiento del régimen democrático mexicano.
