Como decíamos en la pasada colaboración para este espacio, generalmente el discurso de los candidatos electos difiere del que pronunciaron cuando estaban en campaña, volviéndose más moderado. Esto está ocurriendo en algunos temas que han manejado después del 1° de Julio tanto el virtual Presidente electo como su equipo de trabajo. Sin embargo, hay algunos asuntos en los que no han cambiado ni un ápice desde los tiempos de campaña, particularmente en el ámbito de la seguridad. Posiblemente no tengan expertos en esta área tan esencial y sensible para los habitantes del país; o quizá sí los tienen, pero no les hacen mayor caso. Hace una semana dimos algunos ejemplos que, desafortunadamente, están lejos de ser los únicos: hace unos días, Alfonso Durazo, quien se desempeñará como Secretario de Seguridad en el gabinete de López Obrador, tocó el tema del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), diciendo que desaparecería.
Para empezar, diremos que no puede existir Estado alguno –democrático o no- que pueda prescindir de un aparato de inteligencia civil, que en el caso de las democracias debe además estar sujeto a un estricto control parlamentario y democrático. Esto se debe a que un aparato de inteligencia (que abarca también la inteligencia militar) es un elemento fundamental de la seguridad nacional. El hecho, demostrado o no, de que Andrés López y Ricardo Anaya afirmen que el CISEN los ha espiado no convierte a este centro de inmediato en una “cueva de espías”, cuya pena de muerte sea más que merecida. En un principio, el entonces candidato dijo que esta institución desaparecería; ahora ya cambió el discurso, pues ha afirmado que, en lugar de desaparecer, cambiará de nombre: se llamará Agencia Nacional de Inteligencia. Este es un asunto meramente cosmético, pero eso no es lo grave. Lo verdaderamente peligroso, y que demuestra que el candidato triunfador y su equipo no tienen ni la más remota idea de temas de seguridad, es que lo quieren convertir en una agencia de inteligencia policial, adscrita a la naciente Secretaría de Seguridad Pública.
Ya hemos dicho en este espacio, en colaboraciones anteriores, que una agencia de inteligencia civil no debe tener entre sus funciones el combate a la delincuencia, sino tareas más acotadas y profundas de seguridad nacional. Expliquemos esto: la inteligencia policial tiene como objetivo poder llevar ante un juez la evidencia que pueda ser parte de un proceso judicial; esto quiere decir que su ámbito de acción es muy amplio, pues se puede emplear contra cualquier tipo de delito, particularmente contra la delincuencia organizada (aunque no exclusivamente contra ella). La inteligencia civil es muy diferente: su tarea no acaba frente a un tribunal, sino que está enfocada en la obtención, validación, procesamiento y presentación de información para los tomadores de decisiones en lo más alto de la estructura del gobierno. Su ámbito de acción es más estrecho, pues se concentra en la obtención de información que pueda ser relevante para combatir amenazas contra la estabilidad, integridad y existencia misma del Estado.
Por lo que vemos, el equipo del candidato triunfador desconoce estos pequeños detalles. El cambio superfluo de nombre es irrelevante. El cambio de funciones es un error gravísimo, de lo que sus mismos autores tarde o temprano se arrepentirán. Una cosa es perseguir a una banda de narcomenudistas (inteligencia policial) y otra muy distinta es identificar y, en su caso, infiltrar a un movimiento terrorista o guerrillero que amenace al Estado mexicano (inteligencia civil). Si el gobierno de López, por ejemplo, quiere entablar conversaciones con los movimientos guerrilleros del estado de Guerrero, ¿quién le suministrará la información confidencial, confiable, para saber quiénes son, cómo se comportan, qué fuerza tienen, quién los apoya, de dónde obtienen recursos, etc.? Por eso es importante aprender de nuestra historia. El mismo candidato ganador, que parece añorar con tanta fuerza al régimen político mexicano de los años 70, debería saber por qué se pervirtió la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad: entre otras cosas, por haberse involucrado en temas de narcotráfico, por lo que acabó infiltrada y cooptada por los delincuentes; y por haberse convertido en brazo ejecutor de políticos sin escrúpulos. De hecho, un firme aliado de López Obrador, de nombre Manuel Bartlett, podría darle cátedra sobre esto, pues él mismo estuvo al frente de esta organización cuando fue Secretario de Gobernación en esos años obscuros.
Lo que debería hacer el equipo del candidato triunfador es dejar en la Secretaría de Seguridad Pública un órgano de inteligencia policial, y mantener en la Presidencia de la República o en la Secretaría de Gobernación un órgano de inteligencia civil con tareas muy delimitadas: labores en contra del terrorismo, de grupos guerrilleros, de contrainteligencia y de inteligencia en el extranjero. Hace falta también precisar las labores de la inteligencia civil en la Ley de Seguridad Nacional (que está muy mal redactada) y fortalecer los sistemas democráticos y parlamentarios de control de los organismos de inteligencia. Recordemos que, al final de cuentas, las instituciones de inteligencia acaban haciendo lo que les manda el aparato político (y eso llega a pasar hasta en democracias consolidadas), por lo que la relevancia de estos controles es enorme. ¿Quién podría garantizar, por ejemplo, que la nueva ANI no se empleará para espiar a adversarios políticos reales o supuestos? Una cosa es que el CISEN pueda requerir de cambios formales, funcionales y estructurales, y otra cosa es que, so pretexto de que hubo espionaje, se le condene a ser una agencia meramente policiaca, sin existir un estudio técnico de por medio y sin que surja una nueva agencia de inteligencia civil. El cambio de nombre no hará desaparecer de raíz las actividades ilícitas de espionaje. Esperemos que no, pero todo parece indicar que estamos a punto de comenzar un sexenio que basará muchas de sus decisiones en la mera voluntad política, prescindiendo del soporte técnico y científico que esas decisiones requieren.
Dr. Herminio S. de la Barquera y A.
Dirección de Posgrados en Ciencias Sociales
Grupo de Investigación en Ciencias Sociales (INCISO-UPAEP)
