De todos es sabido que la principal preocupación que tenemos los habitantes de este país es el tema de la creciente inseguridad, que en algunos puntos de nuestra geografía ha roto todas las marcas, de tal manera que el 2017 apunta para llegar a ser el año más violento en la historia moderna de México. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó, desafortunadamente, una iniciativa de “Ley de Seguridad Interior” (LSI), que ahora tendrá que ser ratificada por la Cámara de Senadores. Hagamos algunas reflexiones al respecto.
1. Si bien el problema de la inseguridad en México ha llegado a niveles verdaderamente terribles, parece que ni eso es capaz de hacer conscientes a nuestros políticos sobre la gravedad del caso y sobre la necesidad de tomar medidas que busquen resolver de raíz esta situación. A las ocurrencias de algunos (“amnistía para los narcotraficantes”) les siguen frases irresponsables y desatinadas, pronunciadas a la ligera, como las de algunas ONG, que hablan de que la nueva LSI “militarizará” al país. ¿Qué entienden estas personas por “militarizar”? Este concepto significa que las fuerzas armadas toman el poder y substituyen a las autoridades civiles, no que se encarguen de la seguridad pública e interior. Ciertamente, los diputados, al parecer sin haber analizado a fondo la situación, aprobaron una ley que tiene muchos puntos preocupantes (pero que no conducirá a una militarización del país), como ahora veremos.
2. En este espacio hemos dicho reiteradamente que una tarea imprescindible para recuperar la tranquilidad en México es emprender una profunda reforma policial: es urgentísimo reiniciar la consolidación de la Policía Federal, tarea abandonada irresponsablemente por el gobierno de Peña Nieto. El problema central sigue allí: la falta de policías confiables y competentes, sobre todo a nivel estadual y municipal, a pesar de que la ley lo marca como obligación desde hace casi 10 años.
3. La LSI prevé que las fuerzas armadas permanecerán en las calles. Aquí hay dos problemas graves: a) no motiva a los gobernadores a emprender por fin la labor de construir policías estatales fuertes y confiables, y b) no establece fórmulas para fortalecer el control civil sobre las fuerzas armadas. Surge entonces un círculo vicioso: como no hay incentivos para que los gobernadores se comprometan con la seguridad, las fuerzas armadas seguirán actuando como policías; y como las fuerzas armadas seguirán actuando como policías, los gobernadores no se verán obligados a comprometerse con la seguridad. Y así seguiremos…
4. También hemos subrayado aquí muchas veces que nuestras fuerzas armadas cumplen tareas que en un país democrático no deberían cumplir en primera instancia, sino sólo subsidiariamente: desde labores de apoyo en casos de desastre hasta el rescate de bañistas en apuros, pasando por la asistencia social, la administración de los puertos y las tareas de seguridad pública. Esto significa que la línea entre el mundo civil y el militar se ha vuelto sumamente vaga.
5. Por eso hemos insistido en que hay que reformar y modernizar este aparato militar, aunque sea paulatinamente: es anacrónico (y caso único en el mundo) que tengamos dos secretarías en materia de defensa, cuando deberíamos fusionarlas y tener una sola; no existe un Estado Mayor Conjunto; México es uno de los escasísimos países democráticos en los que el Secretario de Defensa no es un civil (en América Latina, creo que solamente Guatemala está en las mismas condiciones); otro caso único en el mundo es que en México la Fuerza Aérea depende del Ejército; y para cerrar con broche de oro, gastamos muy poco en las fuerzas armadas, pero les exigimos en demasía. Por eso Alejandro Hope propone un arreglo: más presupuesto, pero a cambio de más control civil.
6. La LSI ha demostrado que el arreglo al que se llegó en el régimen autoritario después de la revolución, por el que los militares gozaban de autonomía y a cambio no se mezclaban en asuntos políticos y civiles, ya ha dejado de funcionar.
7. La LSI no resuelve ningún problema, ni siquiera el que se consideraba central: no otorga seguridad jurídica a los miembros de las fuerzas armadas. ¿No para eso la pedían los Secretarios de Defensa y de Marina? Además, provocará muchos riesgos, por las amplias facultades discrecionales que tendrían las fuerzas armadas y el ejecutivo federal.
8. La culpa no es solamente de los estados y de los municipios, pues la Policía Federal ha sido prácticamente abandonada: si hubiese seguido creciendo al ritmo que mantuvo durante el gobierno de Felipe Calderón, estaríamos hablando hoy en día de un cuerpo de unos 80 000 efectivos, que ya hubiese permitido retirar paulatinamente a los militares de algunas regiones del país.
9. En lugar de apostarle al “mando único” (que existe más o menos en esa forma en la mayor parte del país y que tampoco ha funcionado), deberíamos homologar procesos administrativos, de capacitación policiaca, de equipamiento y de reclutamiento, dejando el mando de los cuerpos a los gobiernos estaduales y municipales. Este es un punto que la LSI ni siquiera menciona.
10. La seguridad pública involucra a muchos actores, no nada más a los militares (que deberían ser los últimos actores en intervenir, pues sus funciones y su vocación son otras): policías, jueces, agentes del ministerio público, sistema penitenciario, instituciones de prevención de adicciones, de reinserción social, de prevención del delito, fiscalías, aparato de inteligencia, etc. No se puede arreglar el problema con paliativos parciales, sino con medidas de amplio espectro y a fondo: ¿de qué sirve que un presunto delincuente sea capturado, si los policías no realizan la consignación correctamente, provocando que al rato ya esté de nuevo en la calle? Además, si tanto se critica a las policías municipales, ¿por qué no destinar más recursos y atención para fortalecerlas en lugar de pedir su desaparición? ¿O va a tener que intervenir el ejército cuando haya un pleito de borrachos en la banqueta?
Dr. Herminio S. de la Barquera y A.
Dirección de Posgrados en Ciencias Sociales
Grupo de Investigación en Ciencias Sociales (INCISO-UPAEP)
