Las academias universitarias y sociedad civil necesitan estar al pendiente y vigilar las decisiones que está tomando el gobierno, observar y exigir que la ley se cumpla para respetarse el estado de derecho de los ciudadanos.
El estado de derecho es que el estado esté sometido a las leyes, que el habitante de un estado o país esté protegido frente a lo que haga el estado, es decir, todos tenemos que sujetarnos a la ley, no solo los gobernantes o el estado, sino también los habitantes de un estado o nación, en donde prevalezca la observancia de la ley.
El hecho de que el aparato público en sus diferentes manifestaciones se apegue a la ley significa que el ciudadano y cualquier habitante de un país estará más protegido frente a los excesos por parte de los gobernantes, señaló Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, Decano de Ciencias Sociales de la UPAEP.
Dijo que elementos concretos del estado de derecho los tenemos claramente establecidos en un estado federal como el nuestro, en el que hay una clara y respetada división de poderes, en donde no haya una concentración de poderes en uno solo de estos y que se dé una correcta división de poderes, así como una correcta relación entre los ámbitos de gobierno en un estado federal que son el de cada estado y de los estados con la federación.
Asimismo, comentó que es importante que haya un respeto a la ley por parte de los gobernantes como de los gobernados. Por lo tanto, agregó que el objetivo del estado de derecho es que las leyes sujeten al estado, que defiendan a la persona frente a los posibles abusos tanto del estado como del gobierno.
Señaló que en una sociedad como la nuestra en el siglo XXI, tan compleja, tan heterogénea, ya no funcionan los mismos criterios que se manejaron en el siglo XIX, cuando se hablaba de un estado del bienestar, cuando la sociedad era más homogénea, menos compleja y con una visión de las cosas mucho más común.
Ahora podemos ver una enorme diversidad para observar las cosas, diferentes formas de percibir la realidad, diferentes formas de comportarse y de relacionarse unos con otros, que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar del estado de derecho.
Subrayó que la gente debe diferenciar que no es lo mismo el gobierno que el estado, porque últimamente se ha podido observar que algunos representantes del gobierno actual a nivel federal confunden gobierno con estado, lo cual resulta peligroso para la ejecución de las leyes, ya que el gobierno es parte del estado, de la población y del territorio, por lo que no se puede identificar gobierno y estado como lo mismo.
Indicó que el estado de derecho actual si bien se funda en el estado de bienestar del siglo XIX no es lo mismo. Actualmente la ley tiene que sujetar a todos, sujetar al derecho, pero también es cierto que el estado mexicano tiene que apoyar a los ciudadanos y ordenar cómo es que el gobierno puede intervenir para apoyar a los habitantes en ciertas cosas.
En su intervención, Norma Pimentel Méndez, catedrática de la Facultad de Derecho de la UPAEP, dijo que hablar de la cultura de la legalidad significa que todas las partes están inmersas en esa estructura jurídica, como es la ciudadanía, autoridades en las diferentes partes del estado que lo integran, y tienen que hacer lo que les corresponde dentro de la sociedad.
Enfatizó que todas las personas deben ser observadas en igualdad de condiciones ante la ley, así como de prevalecer esa independencia entre los poderes y en todo momento, la ciudadanía y el papel que juegan los medios de comunicación, deben ser observadores de que la participación de la ciudadanía de entidades privadas, sociales y públicas se dé dentro de este andamiaje jurídico y sujetos siempre a no arbitrariedades y si a la transparencia procesal y legal en todo momento.
Normal Pimentel sentenció que en estos momentos en que se encuentra nuestro país, dentro de un proceso electoral, las personas estamos llamadas a ser observadoras de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.
Advirtió, “para nadie es una novedad el hablar de que desafortunadamente en materia de inseguridad y en lo específico de violencia en contra de niñas y mujeres de nuestro país, como sociedad civil, nosotros tenemos otros datos, otros datos más allá de lo que se está reflejando dentro del propio secretariado ejecutivo del sistema de seguridad pública nacional”.
Expresó que en el caso de Puebla, está con una declaratoria de alerta de violencia de género que precisamente en el mes de abril de este año, está cumpliendo dos años, pero que aún no ha quedado claro cómo sociedad civil, cuáles son los resultados que se han obtenido hasta el momento. Agregó, “existe una notoria discrepancia y cada vez más una visible ruptura entre ese mandato que establece esta alerta de violencia de género, en donde le obliga al ejecutivo estatal a lanzar mensajes y obviamente políticas públicas con cero tolerancia a la violencia en contra de niñas y mujeres en nuestra entidad”.
Pimentel Méndez, exhortó a las autoridades a que se sometan al principio de legalidad y cumplan en todo momento a cabalidad con la legislación y sobre todo con recuperar a favor de la ciudadanía esta confianza y credibilidad para garantizar la seguridad a todas las personas.
Por su parte, Matías Rivero Marines, catedrático de la Facultad de Derecho de la UPAEP, apuntó que en modelo federalista como el que tiene México y que ha funcionado en todos estos años, siempre ha representado grandes retos para su funcionamiento.
Y en esa línea delgada de la división de poderes que hay en nuestro país, en algún momento por parte de los gobernantes en turno, se ha llegado a corromper, se ha llegado a desequilibrar este modelo federalista, expresó Rivero Marines.
Subrayó que el estado de derecho es fundamental para un estado democrático, en donde debe haber un balance equilibrado entre el estado democrático, el cumplimiento de los derechos humanos, el cumplimiento de la ley y todo esto concentrado en un círculo denominado estado de derecho.
Señaló que hay una gran preocupación en estos momentos por la intromisión en un modelo federalista que debería ser totalmente respetuoso entre los tres poderes.
En las últimas semanas, “se puede observar lo que pareciera un ejercicio totalmente antidemocrático por parte de los gobernadores y de manera específica del ejecutivo federal, en donde parece que cuando las instituciones democráticas, y cuando las instituciones llevan mucho tiempo funcionando en nuestro país, determinan o emiten decisiones que son convenientes para su ámbito político, pareciera que son legales, sim embargo, cuando estas instituciones determinan cuestiones que no son convenientes para su círculo o ámbito político, entonces hay una ilegalidad en todo, lo que resulta grave para el país”.
Matías Rivero advirtió que este juego de cuestionar a las instituciones democráticas en nuestro país por parte del ejecutivo, representa ser una línea muy complicada y que puede ser muy peligrosa, como es el caso del Instituto Nacional Electoral que ha sido cuestionado con respecto a sus funciones y decisiones y el segundo caso, es la “gravísima prórroga del presidente en turno Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la corte, extender su mandato por dos años más, lo que desde el punto de vista constitucional es un hecho grave; le tenemos que dar la justa dimensión a este caso, ya que se viola el espíritu del Poder Judicial de la Federación de que su presidente deba durar cuatro años y deba seleccionarse entre los propios ministros; además de violarse el artículo 97 constitucional”.
Indicó que ante este escenario en donde la prórroga en el cargo del magistrado Zaldívar Lelo de Larrea, es ilegal y anticonstitucional, y pareciera “que el consejo de la judicatura pueda ser ahora como un brazo de la extensión del ejecutivo para controlar las determinaciones de los jueces que puedan otorgar suspensiones contra las iniciativas del propio presidente de la república”, tanto academia y sociedad civil necesitan estar al pendiente y vigilar las decisiones de gobierno y observar y exigir que la ley se cumpla.
Por último, los académicos coincidieron en señalar que el estado de derecho es responsabilidad de todos, y en donde cada uno debe asumir una corresponsabilidad, el estado de derecho está en manos de los ciudadanos que deben evitar la llegada de un gobierno totalitario, de un gobierno unipersonal y hacer valer ese respeto por las leyes y por un estado democrático.
