[Importante implementar una Nueva Gestión Pública de Seguridad.]
Según la encuesta de Seguridad en Entornos Urbanos de 2018, en Puebla 9 de cada 10 poblanos indicaron sentirse inseguros, por tanto, esta percepción que se acrecienta cada día más, no permite disfrutar de vivir en la ciudad bajo los términos de seguridad y sostenibilidad, así lo mencionó la Dra. Verónica García Morales, Profesora Investigadora de la Universidad de Barcelona y Profesora invitada por el Decanato de Ciencias Sociales de la UPAEP dentro del programa de Profesores Humanistas Internacionales.
Puntualizó que la ausencia de seguridad en la ciudad genera una sensación y clima de desconfianza, la cual incrementa la inseguridad en los entornos urbanos; esto solamente provoca que las cifras de impunidad incrementen.
“Por tanto, la confianza es importante para tener entornos urbanos seguros tanto entre los habitantes de una ciudad como la certeza que éstos tienen respecto del poder público y la respuesta que las administraciones públicas puedan ofrecer para garantizar la seguridad de las personas, la integridad física, pero también la de la protección de sus bienes materiales y del patrimonio cultural y material que se asienta en esa ciudad”.
Ante este panorama, la especialista en seguridad urbana, reiteró que el derecho a la ciudad es un concepto clave que toma especial relevancia en este sentido; ya que, se puede entender desde tres marcos distintos:
Se rige como un movimiento social participativo en donde la principal reivindicación es la imposibilidad de habitar o poder vivir la ciudad en términos de sostenibilidad y esta tiene una relación directa con la seguridad.
El derecho a la ciudad también se configura como una herramienta analítica para abordar cuáles son los problemas urbanos y siendo uno de los más importantes en los entornos urbanos la inseguridad.
En un tercer punto, se plantea como un derecho humano y desde esta perspectiva las políticas públicas de seguridad han de atender a dos puntos centrales:
La proximidad del territorio, y que las políticas de seguridad estén centradas sobretodo en las personas y no tanto en los medios materiales.
Las políticas públicas de seguridad deben tener un carácter integral y quizás esta es la cuestión más difícil y el reto más destacado para las administraciones públicas; el carácter integral significa que no se han de centrar únicamente en la reacción al crimen o delito, sino que también se debe centrar en políticas de prevención del crimen y de la delincuencia.
Aseveró que el papel de la administración pública municipal tiene una función más protagonista al momento de diseñar las políticas públicas con este carácter integral, las cuales abarquen la educación y seguridad vial; alumbrado público, recorridos urbanos; además es fundamental incorporar la perspectiva de género, dado que, las mujeres son las que sufren un mayor número de actos de violencia en el espacio público; el transporte urbano.
La Dra. García Morales agregó que el derecho a la ciudad, también sirve como una especie de test para determinar si las ciudades nos permiten vivir en igualdad y libertad en el espacio público o por el contrario el espacio urbano se está convirtiendo en un obstáculo para desarrollar la vida de los ciudadanos en términos de igualdad y seguridad.
Por su parte el Dr. Xavier Torrens, Profesor Investigador de la Universidad de Barcelona, explicó la importancia de una estrategia de gestión pública de seguridad, frente a los problemas que hoy vive el país, el cual posee delitos que en un país democrático no son comunes.
Las políticas reactivas son un obstáculo para resolver estos problemas, lo cual merma la capacidad de incidencia de obtener buenos resultados, reduce el impacto social para mejorar la vida y el bien común de las personas.
“Los países democráticos tienen que entrar en un camino hacia políticas públicas proactivas, es decir que realicen políticas de prevención en términos de que antes de que aparezca el problema, intentar bloquearlo”.
El enfoque que ayuda a diseñar de mejor manera las políticas públicas es lo que se denomina Nueva Gestión Pública de Seguridad; esta consiste en cinco estrategias
Estrategia central (Definir objetivo principal y prioritario).
Estrategia de las consecuencias (Debe haber incentivos y penalizaciones).
Estrategia del ciudadano (Criterios de garantía de calidad).
Estrategia de la capacitación (La capacitación como herramienta de mejora).
Estrategia de la cultura (La cultura debe ir unida a las estrategias anteriores).
Puntualizó que México tiene datos extraños para un país democrático, para resolver ésto, debe considerar implementar esta Nueva Gestión Pública de Seguridad como una política de estado, lejos de cuestiones partidistas, pero centradas en términos de profesionalización y modernización.
