[No garantizó la certeza del resultado electoral.]
El ordenar un nuevo conteo de los votos de las elecciones para gobernador del pasado 1 de julio, es una señal de que el Instituto Electoral del Estado no hizo bien su trabajo, aseveró el Dr. Alejandro Guillén Reyes, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAEP.
En el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que se tiene que hacer un nuevo conteo de votos en la elección de Gobernador, no se debe perder de vista que no se está pidiendo conteo de los votos de los otros cargos de elección popular, tampoco de senador o diputados locales o federales.
Apuntó que los cuatro magistrados que intervinieron hicieron énfasis en el tema de la certeza que deben brindar los organismos electorales, de manera particular en este caso, el Organismo Público Local Electoral, "el OPLE de Puebla, que debió garantizar la certeza del resultado electoral”.
Señalaron que en la mayoría de los distritos se registraron irregularidades que impiden que haya certeza en el resultado electoral, por lo que su resolución final es que se lleve adelante un recuento de los votos en los 26 distritos electorales de Puebla.
Dijo que esta situación que se está observando por parte del Tribunal Electoral, tiene antecedentes, es decir, “el tribunal ya no está ofertando la idea con las evidencias que ellos tienen, de que hubo irregularidades en la jornada electoral y sobre todo en el resultado electoral de la elección de gobernador”.
Agregó que entre los antecedentes que podemos mencionar son, en primer lugar, lo que ocurrió el primero de julio con los hechos de violencia que se suscitaron, “en donde gente a mano armada entró a cerca de 70 casillas a robar urnas, a amedrentar a la gente, tirar balazos y herir a varias personas, acontecimiento del que la mayoría de la gente estuvo enterada”.
Otro, acontecimiento fue la marcha que se registró el 3 de julio para protestar contra los actos de violencia que se registraron el 1 de julio, convocada por ciudadanos; luego el 10 de julio se firmó un desplegado por parte de académicos, personalidades y periodistas, cerca de 300 firmas de organismos no gubernamentales, denunciando las anomalías que se presentaron el día de la jornada electoral.
Por lo tanto, manifestó que el fallo que se presenta, sólo es el recuento de lo que se ha venido denunciando como un proceso electoral irregular, con anomalías y que por consecuencia se tiene que revisar a fondo.
Asimismo, refirió que los cuatro magistrados que intervinieron pusieron énfasis en los organismos electorales que se encargaron del conteo de los votos, “además de ordenar el voto por voto, nos está diciendo entre líneas que el Instituto Electoral del Estado no hizo bien su trabajo, está cuestionada la mayoría de los cómputos distritales y por eso se tiene que repetir el conteo de votos en los 26 distritos, y esto es responsabilidad del Instituto Electoral del Estado, y debemos recordar que en estos momentos se está dando la renovación de tres consejeros del Consejo General, y frente a lo que ha dicho el Tribunal, lo procedente es que se revise por un lado, cada uno de los casos de los consejeros vigentes actualmente e incluso de los tres que están por salir, y los cuatro que van a quedar para organizar la siguiente elección, y de ser necesario, que haya remoción de los cuatro que quedan y que se den las sanciones correspondientes a cada uno de aquellos consejeros que resulten responsables por estas irregularidades que registró en el conteo de los votos, particularmente en el conteo distrital”.
Acotó que de ser necesario, que se dé el relevo de los 7 consejeros, y además se aplique la ley general en materia de delitos electorales en su artículo 8, que establece las sanciones que se le pueden aplicar a un funcionario electoral que cometa anomalías; y de ser necesario, extenderse también a los consejeros distritales de los 26 distritos.
Subrayó que más allá de preguntarse quién ganó la elección o resulte beneficiado con el nuevo conteo de votos, “yo cuestionaría si realmente nos va a dar certeza después de todo ese tiempo que ha pasado y saber realmente quién ganó. La consecuencia lógica es, decir aquí hay responsables y estos responsables tiene que ser sancionados, quitándolos como consejeros y aplicar el artículo 8 en materia de delitos electorales con las sanciones que ahí vienen establecidas”.
