El rector de la UPAEP analiza la Ley de Educación del Estado de Puebla en foro propuesto por la COPARMEX a nivel nacional. El caso Puebla no debe replicarse en otros estados.
El proceso de armonización de la Ley General de Educación en cada entidad federativa es un hecho, sin embargo, el caso poblano ha generado un despertar que está derivando en un movimiento social en favor de la educación, concluyeron representantes de distintos sectores en un panel convocado por la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En dicho encuentro virtual, la tarde de este 10 de junio, el Rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavín, explicó que -hasta el momento- en unas 15 entidades federativas del país ya se analiza o ya se aprobó el proceso de armonización de la Ley federal, que data del 15 de mayo de 2019. Esa norma, precisó, contiene ambigüedades.
“En un proceso de armonización y lo que se espera en las legislaturas estatales es que haya un debate sobre lo que viene de la federación respetando los ejes rectores y la Constitución, pero eso se debe procesar a la luz de las necesidades y de todo el contexto educativo de la entidad, cosa que no ocurrió en Puebla”, indicó el también presidente de FIMPES.
Reiteró que al aprobar la Ley en Puebla por fast track, se perdió la oportunidad de incluir todas las experiencias adquiridas durante la pandemia en capacitación de los maestros, en uso de las tecnologías, en la interacción con los padres de familia. Una “riqueza fabulosa”, dejada de lado y no incorporada en estas reflexiones.
Estableció que, además, la ley de Puebla, margina el derecho y obligación de los padres de familia respecto del tipo de formación que quieren para sus hijos. En el artículo 67 se les excluye, “no sabemos si deliberadamente o por error, de los actores que pueden participar en la retroalimentación de los planes curriculares y planes de estudio, se elimina la participación de los padres de familia”.
“Hay una serie de ambigüedades y eso nos preocupa, como la asignación de becas; se abroga a la secretaría (de Educación) la facultad de asignar cada una de las becas que se otorgarían generando una serie de procesos burocráticos que en nada abonan al desarrollo de la educación. También se denota la injerencia en el tema de las cuotas, donde se merma y se pone en entredicho el respeto a la libertad de gestión de cada institución”, afirmó el Rector.
Por su parte David Calderón Martín del Campo, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, instó a pasar “de la alarma momentánea a la exigencia sistemática” ya que, de no hacerlo, quienes levanten la voz podrían ser encapsulados y cualquier crítica interpretada como ataque.
“Debemos dimensionar las demandas contra la perspectiva final de los derechos, de las metas, existe el riesgo justo de caer en descalificaciones cuando las demandas no están puestas contra las metas y creo que estamos en una oportunidad de que esta inquietud se convierta en el replanteamiento de un movimiento social por la educación”, ponderó.
Asimismo, Leonardo García Camarena, Presidente Nacional de la Unión de Padres de Familia, puntualizó que en la nueva Ley General de Educación se pasó de 6 u 8 artículos en la legislación anterior a más de 31 para la educación particular, lo que demuestra una sobre regulación.
“Hoy lo que ha provocado Puebla es un gran despertar, que nos está dando un momento histórico que podemos aprovechar en cuatro rutas de trabajo simultaneas: lograr que los actores puedan establecer mesas estatales para que puedan darle seguimiento a este tema; generar estrategias efectivas de cabildeo; poner manos a la obra y armar indicadores mínimos de la educación en el país y unir esfuerzos para que las necesidades de la sociedad sean escuchadas”, sentenció.
