La mirada de varios actores de la educación sobre las implicaciones de la polémica ley, en un panel con representantes del sector de todos los rincones de México y con la participación del rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavín.
El caso de Puebla debe ser un referente, para que no se replique en ningún otro estado de la República Mexicana. No se puede repetir la acción de copiar y pegar, en una ley tan importante como la educativa. Las entidades merecen legislaciones a la altura de su realidad local. Son algunas de las conclusiones del panel “Ley de Educación Estatal ¿Qué está pasando en Puebla y por qué su repercusión nacional?”, organizado por la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles A.C. (ARSEE).
Durante el encuentro virtual, realizado la tarde del jueves 4 de mayo, el rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavín, advirtió que todo el problema surge de la necesidad de armonización de las leyes estatales a la Ley General de Educación federal, pero que en Puebla se llevó a cabo sin consulta alguna a los involucrados en el sector.
“Claramente hay una afectación a las instituciones particulares de educación y todo lo que conlleva este sector que tanto aporta a la sociedad. Esto no es un tema del proceso de armonización, ya se había detectado desde los debates de la Ley General de Educación algunas ambigüedades importantes que se están reflejando en las leyes de educación estatales”, explicó.
Empero, precisó que el proceso de armonización en Puebla fue “eminentemente antidemocrático”, ya que la nueva ley la presentó el ejecutivo y, en cuestión de días, el legislativo la aprobó sin tomar en cuenta la opinión de los principales actores en el proceso educativo.
Entre las cuestiones que preocupan de esta normativa estatal, destaca el rol de la figura de los padres de familia quienes, por ejemplo, en el artículo 67 de ley aprobada, quedan excluidos deliberadamente en la elaboración de planes de estudio.
“A la letra dice: Podrá fomentar acciones para que emitan su opinión maestras, maestros, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y los padres de familia quedaron totalmente fuera”, abundó.
En el artículo 143 -explicó- se somete tanto las autorizaciones como los REVOES al criterio de la autoridad cuando ésta considere procedentes los planes y programas presentados, sin aclarar a qué se refiere con “procedente” y generando así ambigüedad.
“Nos preocupa que se respete la libertad de cátedra, los derechos de los padres de familia en la deliberación de cuál es la educación que quieren para sus hijos, que se respete también la autonomía de todas las instituciones en su libertad de educar conforme a la verdad y los valores universales”, puntualizó.
Para el rector, la nueva ley provoca sobre regulación y falta de criterios de igualdad en el trato de los diferentes sistemas.
Estableció que en la ley se habla de cómo debe ser la educación impartida en el Sistema Educativo Estatal y, en el caso de las instituciones particulares habla de un “aseguramiento” al cumplir las normas que regulen el orden público, el proceso educativo y al Sistema Educativo Estatal. Esto quiere decir que solamente los particulares serán objeto de esa vigilancia, insistió.
“¿Es un error o es una consideración inequitativa?, en cualquiera de los casos es una legislación mal redactada y que no respeta los principios de equidad y certeza”, consideró el también presidente de FIMPES.
Durante su participación Jesús Mijangos Patiño, Director General de Asuntos Jurídicos de la UDLAP, señaló que esta ley es aplicable para todas las instituciones que se encuentren en el territorio poblano, sin importar el tipo de REVOE o autorización que tengan.
Señaló que, en esos términos, la ley aprobada está fuera de lo previsto por la Constitución ya que no obedece a principios jurídicos inmersos en el marco constitucional, no observa los derechos humanos universales y en algunos casos la lógica.
“Es una promulgación sin análisis que busca cumplir con el tiempo asignado por el Poder Ejecutivo, desestima las responsabilidades legislativas y, por lo tanto, socava la división de poderes. No se respetaron los principios básicos de la democracia parlamentaria, incumpliendo con el principio de deliberación, en la que se debe allegar todas las voces involucradas en el tema para que su decisión sea documentada con plenitud”, manifestó.
Por su parte Leticia Velázquez Gutiérrez, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia Delegación Puebla, destacó que la familia antecede al estado y, como institución, es más importante para la sociedad. El estado –siguió- no puede pasar por encima de la autoridad y libertad de las familias, no puede tomar decisiones que solo a los padres competen y sólo ellos pueden tomar.
“Al no convocar a los principales actores se envía una pésima señal para el futuro que nos espera, se vulnera el derecho de la libertad de educación y se pierde la oportunidad de enriquecer los programas y métodos que abonan a la calidad de la educación. La situación en la que estamos, frente a la pandemia, nos ha mostrado que profesores y alumnos han hecho un uso excelente de la autonomía pedagógica y que los padres de familia han sido pieza fundamental para no dar por perdido este ciclo escolar”, apuntó.
Arturo Guerra Bedolla, presidente de la Federación de Escuelas Particulares de Puebla, destacó que la ley se promulgó a través de los medios de comunicación y no de los medios adecuados.
Y subrayó: “El problema de esta ley es que no da certeza, nosotros tratamos de participar y dar a conocer nuestras inquietudes con el deseo de poder dialogar con las autoridades, sin embargo no tuvimos respuesta y no se nos convocó, fue una ley que nos apartó y nos marginó”.
