La Ley de Educación del Estado de Puebla no debe replicarse en otras entidades que aún están por discutir las propias adecuaciones de la Ley General de Educación aprobada por la Federación.
Tras la aprobación por la vía rápida de la Ley de Educación del Estado de Puebla el pasado 15 de mayo Emilio José Baños Ardavín, Rector de la UPAEP, reiteró que el proceso legislativo de armonización con la Ley General de Educación se hizo sin dialogar con los actores sociales, dejando de lado un proceso democrático y participativo, todo esto hoy durante varias intervenciones en medios de comunicación a nivel nacional.
“Armonizar no quiere decir copiar, cada estado y legislatura local tiene la responsabilidad de analizar y, respetando el espíritu de la Ley General, aterrizarlo en la local y eso no se hizo en el caso de Puebla. Hay muchas variantes, necesidades específicas de los estados que pueden enriquecer la dinámica local”, explicó el Rector a Stereo Cien.
La Ley General de Educación previamente autorizada a nivel Federal, de origen presentaba ciertos vicios que generan ambigüedades y que se podrían haber clarificado y mejorado a localmente. Además esta ley establece muchos criterios de discrecionalidad.
Luego, en entrevista con Joaquín López Dóriga por Grupo Fórmula, agregó que en este proceso se dejó fuera de discusión todo el aprendizaje que la pandemia ha generado en el sector educativo, además enfatizó que es justo en este periodo en el cual las debilidades del sector educativo fueron patentes y que, de haberse incluido en la Ley, se tendría un instrumento más robusto y que responda a las necesidades reales de la sociedad poblana.
El Rector destacó que el punto más controvertido es aquel que habla de los bienes muebles del sector educativo, ya sea públicos o privados, en los cuales se menciona que estos pertenecen ya al Sistema de Educación del estado.
“Este postulado viene de manera muy similar en la Ley General de Educación Federal. En su momento se discutió esta ambigüedad con las autoridades Federales y aun cuando se explicó por parte de ellos que no se buscaba una expropiación de bienes a los particulares, no se clarificó. Cuando se tiene que explicar una y otra vez lo que se quiso decir, hay algo mal de origen”, puntualizó.
A parecer del Rector las legislaturas locales deben de dar los espacios para la reflexión y adecuación de la Ley General de Educación hacia sus propias necesidades y así dar mejores herramientas para los actores que participan en el proceso educativo, así lo reconoció con Pascal Beltrán del Río en Imagen Informativa Primera Edición.
Reiteró que las áreas de oportunidad surgidas en la pandemia en materia educativa no se han tomado en cuenta, en especial la participación de los padres de familia quienes, durante este periodo, han sido fundamentales para sus hijos y en la Ley ha quedado fuera el peso real que tienen.
“Por qué perdernos la oportunidad de asumir esos retos que son muy valiosos y utilizarlos para redactar una ley mejor, que habilite y prepare un andamiaje para una educación más pertinente, más audaz e innovadora para enfrentar el futuro de nuestro país, todo eso es lo que los poblanos nos perdimos con un proceso tan atropellado”, especificó.
En este mismo tenor, pero durante su participación con Luis Ramírez Baqueiro en la XEU de Veracruz, destacó que se buscaba una armonización que tomara en cuenta las realidades de la entidad y se corrigieran las ambigüedades que trae la Ley Federal.
Estas ambigüedades se hacen patentes en distintos aspectos, uno de ello tiene que ver en la manera en que se autorizan los REVOES, en el que son poco claros, ejemplo de ello es la frase que dicta que la autoridad en función que considere pertinente o no un programa emitirá la autorización, dejando un margen de discrecionalidad brutal.
“Hay varios aspectos de esta naturaleza que no se precisan y se complican más, centralizan y burocratizan la educación”, expresó el también Presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
Otro punto que se debe analizar más a fondo, dijo, es el derivado del otorgamiento de becas. La Ley establece que la Secretaría de Educación es la que va a asignar las becas, proceso que generaría una mayor burocracia para el manejo de los listados, y seguimiento de las mismas.
“Hoy levantamos la voz y hacemos un llamado para que no se afecte la realidad de cada una de las entidades federativas del país”, precisó el Rector Baños Ardavín.
