Por la vía rápida el Congreso de Puebla aprobó la ley de Educación en el Estado. Aunque se abrió, a última hora, un espacio para que los rectores miembros del Consorcio Universitario dialogaran con la Secretaría de Educación, ninguna de sus observaciones fue tomada en cuenta
Sumamente atropellado. Así fue el proceso legislativo con el cual se aprobó la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla, como lo reveló este lunes Emilio Baños Ardavín, Rector de la UPAEP. “Nos enteramos por sorpresa de la iniciativa y básicamente en 3 días se aprobó”. Una iniciativa que dejó afuera de la discusión a actores fundamentales de la sociedad civil.
Todo ocurrió la semana pasada. Los rectores del Consorcio Universitario, que vincula a varias instituciones de Educación Superior privadas en la entidad, lograron que se abriera un espacio de diálogo, pero ninguna de sus observaciones fue tomada en cuenta. En resumen, un “diálogo de sordos”.
“Nosotros, al haber participado en los foros federales para ley General de Educación, sabíamos de los pies donde cojeaba esa ley, de la que luego se haría el trabajo para adecuarla a los estados. (La versión del Estado de Puebla) tiene deficiencias clarísimas, las mismas que tiene la ley federal y que queríamos que se arreglaran para esta”, indicó Baños Ardavín, en su habitual espacio de opinión en el noticiario del periodista Fernando Canales.
Enumeró a los puntos más polémicos incluidos en esta y a los cuales los rectores hicieron referencia durante el diálogo sostenido con los legisladores. El primer punto está relacionado con los bienes inmuebles: en el dictamen definitivo de la ley poblana no aclara este aspecto, dejando así sin arreglo un error ya existente en la ley federal.
“Cuando se aprobó la ley federal, los primeros encuentros sostenidos con el secretario Moctezuma fueron justamente para aclarar lo que no se hizo en esa ley y eso es lo que nos preocupaba también aquí. La afirmación por parte de las autoridades de no afectación a la propiedad privada en el dictamen no se encuentra descrita”, enfatizó el rector.
Nos perdimos la oportunidad de brindarle a Puebla una Ley de Educación que corrigiera las ambigüedades de la Ley Federal y que contase con el apoyo de los sectores involucrados para promover una transformación educativa a la altura de las expectativas de nuestra niñez y juventud. https://t.co/Piafy1Pv49
— Emilio J. Baños (@RectorUPAEP) May 16, 2020
Otro punto que no se discutió en Puebla corresponde al rol de los padres de familia, a quienes no se les reconoce su responsabilidad y derecho, en primer lugar, sobre la educación de los hijos, se les pone en el mismo plano que el Estado y eso-dijo- es “una sinrazón”. Los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres de familia y lo vemos ahora, en la pandemia, en una situación extrema: La familia es anterior al estado y es un tema que merece una buena discusión, insistió.
Sobre el artículo dedicado al otorgamiento de becas, se presentaron distintas observaciones, las cuales no fueron escuchadas ni tomadas en cuenta por el legislativo.
En éste se estipula la obligación, por parte de las instituciones, de otorgar el 5% de becas por cada uno de los programas con REVOE. En Educación Superior, cada programa académico tiene un REVOE, actualmente hay más de 30 mil REVOES en el país, por lo que hacer el cálculo y control de dar este porcentaje de becas por cada programa académico en cada una de sus modalidades, “genera una burocracia tremenda”.
“Además se tiene que garantizar que estas becas efectivamente den prioridad a aquellos estudiantes con mayor necesidad económica”, puntualizó.
En cuanto a la vigilancia de los precios de las colegiaturas -subrayó- no es competencia de la autoridad educativa como lo pretende la ley. Además, el artículo correspondiente a este tema no menciona en función de qué se llevará a cabo esta medición de colegiaturas, por lo que queda en un estado de ambigüedad.
Tomando en cuenta lo anterior, Emilio Baños lamentó que se haya perdido la oportunidad de generar una reflexión de ida y vuelta con los actores sociales para mejorar una ley que efectivamente viene de un mandato federal.
“Ahora vamos a tener que revisar todo esto, evaluar qué es lo que se pudiera litigar o no y, como dice el secretario, tratar de que en las legislaciones secundarias se pueda clarificar; pero me parece que ese no es el espíritu que debe prevalecer en una ley. Tomaron nota pero no tomaron en cuenta, en fin: un diálogo de sordos”, sentenció.
Durante su participación el en espacio radiofónico de Héctor Rodrigo Ortíz en Imagen Radio Puebla, el Rector reiteró que, ante la aprobación de la ley de Educación del Estado, se perdió la oportunidad de tener una ley mucho más vigente y coherente, en la que se pudiesen contemplar las enseñanzas que la contingencia ha dejado en materia de innovación educativa.
Insistió que esta ley pretende una sobre regulación incluso para el sector público y una sobre demanda para la autoridad, la cual no cuenta con la capacidad de atender estas nuevas estipulaciones.
Especificó que aún cuando se celebra la inclusión de que la educación debe de estar centrada en el respeto a la dignidad humana, deja muchos huecos, y se convierte en una ley excesiva en muchos términos además de controladora.
